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Miércoles 11 de Noviembre, 2026
ESCÁNDALO EN LA BOLSA

Abogado y socio de la Bolsa respaldó a Cipolini: "Es legal y es su obligación preservar el valor del dinero"

Ruiz Díaz sostuvo que los municipios están facultados a realizar colocaciones financieras para proteger el valor de los fondos públicos. Cuestionó a quienes hablaron de "timba" y señaló que esa acusación surge de la ignorancia o la mala fe.

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En medio de la polémica en torno a la Bolsa de Comercio del Chaco y las inversiones del municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña, el abogado y socio de la entidad Víctor Ruiz Díaz respaldó públicamente la posición del intendente Bruno Cipolini. Lo hizo en declaraciones al programa radial Alerta Urbana, donde sostuvo que no hubo irregularidades en la decisión de colocar fondos municipales en instrumentos financieros.

Consultado sobre si un municipio puede realizar este tipo de inversiones, Ruiz Díaz respondió que "sí, absolutamente", y consideró que mantener dinero sin rendimiento sería una conducta reprochable. "Sería criminal tener el dinero ocioso desvalorizándose en lugar de hacerle una colocación financiera conservadora", afirmó, al señalar que la finalidad es preservar el poder adquisitivo frente a la inflación.

El letrado explicó que no existe diferencia sustancial entre un depósito a plazo fijo en una entidad bancaria y otras alternativas incluidas en el menú de ofertas de una institución financiera. En ese sentido, sostuvo que la primera obligación de un intendente es resguardar el valor de los recursos públicos. "Es legal y es su obligación preservar el valor del dinero de los fondos municipales", señaló, y agregó que se trata de un principio básico de buena administración financiera.

Durante la entrevista, también fue consultado sobre las acusaciones que apuntan a una supuesta "timba" con dinero de los contribuyentes. Ruiz Díaz rechazó esa caracterización y afirmó que "para timbear está el casino, la Bolsa es otra cosa". A su entender, quienes sostienen esa postura lo hacen "desde la ignorancia o desde la mala fe".

Las declaraciones se dan en un contexto de denuncias y acusaciones cruzadas entre el municipio, la oposición y la Bolsa de Comercio. Mientras avanzan las investigaciones judiciales, distintos actores del ámbito político y jurídico continúan fijando posición sobre la legalidad y la conveniencia de las inversiones realizadas con fondos públicos.

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