BCCh: El fiscal Marcelo Soto investiga presuntas irregularidades financieras tras una denuncia de legisladores
La Justicia Marcelo Soto inició una recolección de informes clave ante la sospecha de malversación de fondos públicos. El mismo advirtió que el proceso se centra en la falta de registros presupuestarios en ejercicios recientes.
La Justicia de Presidencia Roque Sáenz Peña ha iniciado una investigación penal tras recibir una extensa denuncia que señala inconsistencias en el manejo de fondos públicos.
En exclusiva con Noticiero 9, el fiscal Marcelo Soto confirmó que el caso se encuentra en una etapa de análisis documental para determinar la existencia de delitos relacionados con la administración de recursos.
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La presentación judicial fue impulsada por el diputado provincial Santiago Pérez Pons y tres concejales, quienes denuncian que ciertas inversiones no figuran en los registros oficiales "la denuncia ingresó ayer, cerca del mediodía. Es una denuncia bastante extensa y voy a dedicar la tarde a leerla por completo para profundizar en los detalles", explicó el doctor Soto.
A pesar de la complejidad del caso, el fiscal aclaró que la prioridad actual es el acopio de pruebas técnicas "por el momento, lo que haremos es dar curso a ciertos pedidos de informes a organismos como la Bolsa de Comercio y el Tribunal de Cuentas", precisó el funcionario, subrayando que la causa se tramita estrictamente bajo la órbita penal.
El punto de mayor conflicto reside en la aparente omisión de datos en los ejercicios contables de los últimos años. Al respecto, Soto señaló "según surge de la denuncia, en los balances respectivos o en el presupuesto de los años 25 y 26, no estarían contempladas estas inversiones. Entiendo que eso debe estar registrado dentro del presupuesto".
Sobre la posibilidad de avanzar contra los responsables de las áreas señaladas, el fiscal mantuvo una postura cautelosa pero firme "debo tener una base sólida para poder citar a estas personas. Son denunciados como supuestos imputados, y los informes que recibamos me darán la posibilidad de avanzar respecto a esa supuesta imputación", afirmó.
Finalmente, el fiscal no descartó que la investigación derive en la confirmación de delitos por parte de funcionarios públicos "todo va a depender de los informes que envíen los organismos a los cuales se les va a solicitar información", concluyó Soto, marcando el inicio de un proceso judicial que buscará esclarecer el destino de los fondos en cuestión.
