Así votaron los diputados de Chaco y Corrientes

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este jueves la Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, con 149 votos afirmativos y 100 negativos, sin abstenciones. La iniciativa, impulsada por el oficialismo, obtuvo media sanción en el marco de una sesión extraordinaria y será girada al Senado para su tratamiento definitivo. El proyecto busca reemplazar el régimen vigente desde 1980 y representa uno de los cambios más relevantes en materia penal de la actual gestión nacional.

En el caso de los diputados nacionales por Chaco, la votación reflejó una división política clara. Los radicales Guillermo César Agüero y Gerardo Cipolini acompañaron el proyecto, al igual que los legisladores de La Libertad Avanza, Carlos García y Rosario Goitia, quienes votaron afirmativamente. En contraposición, los tres representantes de Unión por la Patria —Julieta Marisol Campo, Sergio Dolce y Aldo Leiva— rechazaron la iniciativa. De esta manera, el resultado chaqueño fue de cuatro votos a favor y tres en contra.

En Corrientes se repitió la misma proporción. Los diputados de La Libertad Avanza Lisandro Almirón, María Virginia Gallardo y José Federico Tournier votaron afirmativamente, al igual que el radical Diogénes Ignacio González. En tanto, los tres legisladores de Unión por la Patria —Raúl Hadad, Nancy Sand y Christian Alejandro Zulli— se pronunciaron en contra del proyecto. Así, la representación correntina también quedó conformada por cuatro votos positivos y tres negativos.

El texto aprobado establece la imputabilidad a partir de los 14 años y contempla la posibilidad de convenios entre Nación y provincias para financiar los gastos vinculados al nuevo régimen. Además, incorpora modificaciones para garantizar que los menores no sean alojados en establecimientos junto a adultos y ajusta artículos vinculados al proceso penal juvenil. Desde el oficialismo sostienen que la reforma actualiza una normativa considerada obsoleta y brinda herramientas al sistema judicial para intervenir en delitos graves cometidos por menores, mientras que los bloques opositores advierten que la medida no atacará las causas estructurales de la inseguridad y reclaman mayor inversión en prevención y políticas de inclusión.