El Gobierno avanza con la privatización de más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales

El Ministerio de Economía autorizó el llamado a licitación pública nacional e internacional para la concesión de la Etapa II - B de la Red Federal de Concesiones, un paquete que supera los 2.500 kilómetros de rutas nacionales distribuidas en Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis. La medida fue oficializada mediante la Resolución 112/2026 y establece la división en cuatro tramos —Mediterráneo, Puntano, Portuario Sur y Portuario Norte— que incluyen corredores estratégicos para la producción, la logística y el comercio exterior. Según se informó, el objetivo es transferir la construcción, explotación, administración y mantenimiento al sector privado bajo el régimen de concesión.

El esquema forma parte del proceso de reforma del sistema vial impulsado por la administración nacional, que apunta a reemplazar la gestión estatal directa por contratos de largo plazo con empresas privadas. Las obras abarcan rutas como la 8, 9, 12, 33, 35, 36, 188 y distintos accesos portuarios, considerados claves para el transporte de cargas y la competitividad regional. En paralelo, el Gobierno prorrogó hasta fines de febrero la recepción de ofertas para otros tramos que incluyen accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y corredores hacia la Costa Atlántica, en un proceso que ya despertó el interés de importantes constructoras.

Sin embargo, el avance de la privatización se da en un contexto de fuertes cuestionamientos por la falta de inversión pública en infraestructura vial durante los más de dos años de gestión de Javier Milei. Desde distintos sectores se señala que, en ese período, la obra pública nacional quedó prácticamente paralizada, con escasa ejecución presupuestaria en mantenimiento y mejoras de rutas, lo que profundizó el deterioro en numerosos tramos del país. En ese marco, la decisión de avanzar con concesiones privadas aparece como una salida frente a la ausencia de inversión estatal, pero también genera debate sobre el costo que recaerá en los usuarios a través de peajes más elevados y un esquema centrado en la rentabilidad empresaria.

A pesar de la magnitud de los contratos, el plan de obras nuevas es acotado: de casi 1.900 kilómetros en algunos de los bloques licitados, solo una fracción reducida contempla transformaciones en autopista, priorizando en cambio tareas de repavimentación y mantenimiento. El proceso se realizará bajo el sistema de "doble sobre", evaluando primero la capacidad técnica y financiera y luego la propuesta económica, con un valor tope tarifario fijado por el Estado. De esta manera, el Gobierno consolida un modelo basado en el principio de "usuario-pagador", en una etapa clave para la redefinición del rol estatal en la infraestructura vial argentina.