Ordenamiento territorial: qué planteaba la cautelar rechazada por el STJ
El Superior Tribunal de Justicia de Chaco desestimó la medida que mantenía paralizada la actividad productiva. Aunque las organizaciones denunciaban riesgos ambientales, el fallo ratifica la legalidad de la zonificación y permite retomar la emisión de permisos.
Durante meses, el sector forestal y productivo de la provincia del Chaco operó bajo un paraguas de incertidumbre legal. Una medida cautelar preventiva, impulsada por una organización ambiental y otra indígena, había logrado suspender la aplicación de la Ley 4005-R, congelando de hecho cualquier movimiento sobre el suelo forestal chaqueño. Sin embargo, con el reciente fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ), esta restricción ha quedado sin efecto.
Ordenamiento Territorial: el STJ ratificó la vigencia y constitucionalidad de la ley
El "freno de mano" a la actividad forestal
La cautelar no era un simple trámite administrativo; funcionaba como un bloqueo total a la operatividad del sector. Mientras estuvo vigente, la Justicia ordenó específicamente:
Paralización de la industria
Se detuvo la actividad forestoindustrial vinculada a nuevos permisos.
Bloqueo de guías:
Se suspendió la emisión de guías de productos forestales, el documento esencial para transportar y comercializar madera legalmente.
Prohibición de desmonte
Se impidió cualquier cambio de uso de suelo, incluso en las zonas que la nueva ley cataloga como aptas para la producción sustentable (Verde).
¿Qué planteaban los demandantes?
El corazón del reclamo residía en el "peligro en la demora". Las organizaciones sostenían que, si se permitía la aplicación de la ley mientras se discutía su constitucionalidad, el daño a los bosques nativos sería irreversible.
Argumentaban que la nueva zonificación permitía niveles de desmonte que ponían en riesgo el ecosistema y los derechos de las comunidades originarias, quienes aseguraban no haber sido consultadas correctamente durante la elaboración del proyecto en la Legislatura.
Los motivos del rechazo
Al analizar el fondo de la cuestión, el STJ determinó que no existían pruebas suficientes para mantener este bloqueo. Los jueces basaron su decisión en varios puntos clave:
Validación Técnica
La actualización del ordenamiento territorial contaba con el aval de los organismos técnicos de la Nación, lo que descartaba un "retroceso ambiental" evidente.
Legalidad del Proceso
Aunque el tribunal admitió que el proceso de participación ciudadana "fue mejorable", consideró que cumplió con los estándares mínimos legales.
Inexistencia de Daño Directo Probado
El tribunal señaló que no se demostró una afectación directa e inmediata a los pueblos indígenas que justificara anular una ley de tal magnitud.
Con el levantamiento de la cautelar, la provincia retoma el esquema de zonificación (Rojo, Amarillo y Verde), aunque bajo la estricta recomendación de los jueces al Estado para que mejore los controles contra la tala ilegal y garantice un diálogo más profundo con las comunidades en el futuro.
