Bajo presión judicial, el Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia en Discapacidad
La medida se formalizó mediante un decreto y establece el marco operativo de la ley sancionada por el Congreso tras el veto presidencial.
Bajo una fuerte presión judicial, el Gobierno nacional aprobó la reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad N° 27.793, a través del Decreto 84/2026, que fija el marco operativo para la implementación de políticas y prestaciones destinadas a personas con discapacidad. La medida fue adoptada tras un fallo del Juzgado Federal de Campana, que intimó al Poder Ejecutivo a aplicar la norma y dictar su reglamentación en un plazo de 30 días, luego de meses de inacción oficial.
La ley había sido sancionada por el Congreso luego de que el Ejecutivo dispusiera su veto total en agosto de 2025, veto que fue rechazado por insistencia parlamentaria. Aunque la norma fue promulgada en septiembre, el Gobierno había sostenido que su ejecución quedaba suspendida hasta definir fuentes de financiamiento, postura que fue cuestionada judicialmente en un amparo colectivo. En los considerandos del decreto, el propio Ejecutivo reconoció que la reglamentación se dicta "en virtud de decisiones judiciales", aclarando que el fallo fue apelado y que los recursos aún se encuentran pendientes de resolución.
Entre los puntos centrales, el decreto establece un nuevo régimen de pensiones, disponiendo la puesta en funcionamiento de la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social y la conversión automática de las pensiones otorgadas con anterioridad. La administración y el pago del beneficio quedarán a cargo de la ANSES, y se ratifica su carácter personal, inembargable e intransferible, junto con obligaciones y causales de caducidad para los beneficiarios.
La reglamentación también contempla un régimen de regularización tributaria para prestadores del sistema de discapacidad, con quita de intereses y multas, y una compensación económica de emergencia para quienes hayan facturado entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. Además, se consolidó la centralización de la política de discapacidad en el ámbito del Ministerio de Salud, a través de la Secretaría Nacional de Discapacidad. La medida llega tras meses de reclamos de familias, organizaciones y trabajadores del sector, en un contexto de pagos atrasados, auditorías cuestionadas y un sistema que ya mostraba signos de fuerte tensión.
