Delcy Rodríguez anunció una amnistía general y el cierre del Helicoide
La iniciativa fue presentada durante la apertura del año judicial y será tratada con carácter de urgencia en la Asamblea Nacional. La propuesta excluye delitos graves y se enmarca en un proceso gradual de excarcelaciones iniciado en enero.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el envío al Parlamento de un proyecto de ley de amnistía general que abarcará el período de conflictividad política desde 1999 hasta la actualidad. El anuncio se realizó durante el acto de apertura del año judicial en la sede del Tribunal Supremo de Justicia y se dio en un contexto de transición política reciente, luego del desplazamiento de Nicolás Maduro tras una incursión militar de Estados Unidos. La iniciativa será tratada con carácter de urgencia por la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, aunque el texto completo de la norma aún no fue difundido.
Según lo informado, la amnistía no alcanzará a personas procesadas o condenadas por delitos como homicidio, narcotráfico, corrupción o violaciones graves a los derechos humanos. La medida se inscribe en un proceso de liberaciones que comenzó el 8 de enero y que, de acuerdo con la organización Foro Penal, permitió la excarcelación de más de 300 detenidos. Sin embargo, la misma entidad advirtió que aún persisten cientos de personas privadas de la libertad por motivos políticos y miles bajo distintas restricciones, como presentaciones judiciales periódicas o prohibiciones de salida del país.


En paralelo al anuncio de la amnistía, el gobierno interino ordenó el cierre definitivo de la cárcel de El Helicoide, ubicada en Caracas y señalada durante años por organizaciones nacionales e internacionales como un centro de detención asociado a torturas y tratos crueles. El edificio, que funcionaba como sede del servicio de inteligencia, será reconvertido en un espacio social, cultural, deportivo y comercial destinado a personal policial y a las comunidades cercanas. La decisión fue recibida con cautela por organismos de derechos humanos como Provea, que remarcaron que cualquier proceso de amnistía debe entenderse como una restitución de derechos y no como un gesto discrecional del poder, al tiempo que anticiparon un seguimiento permanente del debate legislativo y de su implementación.
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