Bloques aliados al Gobierno presionan para dejar la edad de imputabilidad en 14 años

El proyecto de reforma había sido enviado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados en julio de 2024 y atravesó meses de debate en comisiones. Recién en mayo de 2025 se logró un dictamen de mayoría, firmado por La Libertad Avanza y bloques aliados como el PRO, la UCR, Innovación Federal y otros espacios, aunque con disidencias parciales. Ese texto establecía la edad mínima de imputabilidad en 14 años y reducía la pena máxima para delitos graves cometidos por menores, como homicidios o abusos sexuales, de 20 a 15 años de prisión efectiva.

Sin embargo, el recambio legislativo hizo que el dictamen perdiera estado parlamentario y obligó a reiniciar formalmente la discusión. En ese contexto, dentro del oficialismo conviven dos posturas: una que propone respetar los consensos alcanzados el año pasado para asegurar la sanción de la ley, y otra que impulsa insistir con la redacción original del Ejecutivo, que fijaba la edad mínima en 13 años. Este último enfoque se apoya en el respaldo electoral reciente y en el impacto social de hechos delictivos protagonizados por menores que tuvieron amplia repercusión pública.

Desde el PRO, bloque conducido por Cristian Ritondo, sostienen que la línea de los 14 años responde a criterios de prudencia y viabilidad. Argumentan que no existe consenso médico ni psicológico sobre la plena comprensión de la criminalidad de los actos a los 12 o 13 años, y que distintos estudios en neurociencias indican que a esa edad el desarrollo del pensamiento abstracto aún no está consolidado. Bajo esa mirada, avanzar más allá de los 14 implicaría asumir riesgos legales y sociales difíciles de sostener.

A ese planteo se suma una advertencia operativa. Los aliados remarcan que el Estado ya enfrenta serias limitaciones de infraestructura para alojar y tratar a los menores actualmente alcanzados por el sistema penal juvenil. Reducir la edad a 13 años implicaría un aumento inmediato y significativo de la población bajo custodia, algo que, según señalan, no podría absorberse con los recursos disponibles. Incluso recuerdan que la Corte Suprema ya alertó al Poder Ejecutivo sobre estas falencias estructurales.

En paralelo, el debate también tiene un trasfondo político. En el PRO y otros bloques aliados ven esta discusión como una oportunidad para marcar límites y consolidar una relación de apoyo condicionado al Gobierno. La UCR, por su parte, coincide en que no debería volver a discutirse todo desde cero y advierte que forzar una postura más dura podría poner en riesgo los votos necesarios para alcanzar el quórum en Diputados.

El mensaje de los aliados es claro: están dispuestos a acompañar la baja de la edad de imputabilidad, pero solo hasta los 14 años. Insistir con un piso menor, advierten, podría hacer naufragar una ley que hoy tiene chances reales de avanzar en el Congreso. En un escenario de mayorías ajustadas, la decisión final dependerá de cuánto esté dispuesto el oficialismo a ceder para sostener los consensos que necesita.