El Gobierno sumó la Ley Penal Juvenil al temario de las sesiones extraordinarias de febrero

La actividad política en la Casa Rosada retomó ritmo este lunes con una reunión de la mesa política del Gobierno, en la que se definió ampliar el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional. Entre las resoluciones centrales, el Ejecutivo decidió sumar el tratamiento de la Ley Penal Juvenil, un proyecto que propone reducir a 13 años la edad de imputabilidad y que se debatirá junto a otras iniciativas clave durante febrero.

El encuentro se desarrolló durante aproximadamente dos horas y contó con la presencia de los principales referentes encargados de la estrategia legislativa del presidente Javier Milei. La reunión fue supervisada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y tuvo lugar en la Casa Rosada, donde se repasó el escenario parlamentario de cara al inicio formal de la actividad en ambas cámaras.

Según lo previsto, las sesiones extraordinarias comenzarán el lunes 2 de febrero, con la reforma laboral como eje principal del debate. No obstante, el oficialismo resolvió avanzar también con la incorporación del proyecto de Ley Penal Juvenil, una iniciativa que ya contaba con dictamen en la Cámara de Diputados desde mayo de 2025 y que fue elaborada originalmente en el ámbito del Ministerio de Justicia. En los últimos días, el texto fue revisado y ajustado por los equipos técnicos del Ejecutivo.

Además de la reforma laboral y la Ley Penal Juvenil, el temario de extraordinarias incluye otros asuntos de relevancia, como la Ley de Glaciares, el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y la designación de un embajador extraordinario ante organismos internacionales. Desde el Gobierno no descartan que se incorporen nuevos proyectos en las próximas semanas, a medida que avancen las negociaciones políticas y se evalúe el contexto legislativo.

En paralelo, el Ejecutivo decidió postergar el tratamiento de la reforma integral del Código Penal para el período ordinario que comenzará el 1° de marzo. La decisión responde a la intención de concentrar esfuerzos en la aprobación de la reforma laboral y en los proyectos considerados prioritarios para el arranque del año legislativo, en un escenario atravesado por debates sensibles y por la necesidad de asegurar consensos en el Congreso Nacional.