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Miércoles 11 de Noviembre, 2026
ACUERDO MERCOSUR-UE

El Parlamento Europeo frenó el acuerdo UE-Mercosur y lo envió al Tribunal de Justicia

El Parlamento Europeo pidió al Tribunal de Justicia que revise si el acuerdo respeta los tratados comunitarios. La decisión se tomó cuatro días después de la firma y podría retrasar el pacto hasta dos años

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El Parlamento Europeo decidió paralizar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur y remitir el texto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que analice su compatibilidad con los tratados comunitarios. La medida implica que el proceso de ratificación queda suspendido hasta que el máximo órgano judicial europeo emita su dictamen, un trámite que suele extenderse entre 18 y 24 meses.

La decisión se produjo este miércoles 21 de enero, apenas cuatro días después de la firma del acuerdo en Paraguay, y fue adoptada por una mayoría muy ajustada. El resultado reflejó la división interna en el Parlamento, donde conviven posiciones favorables al avance rápido del tratado y otras que cuestionan su encuadre jurídico y sus posibles efectos sobre la autonomía normativa de la Unión.

El acuerdo UE-Mercosur fue negociado durante más de 26 años y, tras su firma, debía iniciar un complejo proceso de ratificación. La Comisión Europea había optado por una estructura legal que permitía avanzar primero con un acuerdo comercial interino, cuya aprobación requiere únicamente el aval del Parlamento Europeo, al tratarse de una competencia exclusiva de la Unión. En paralelo, el acuerdo de asociación completo, que incluye cláusulas políticas, necesita la aprobación de los parlamentos nacionales de los 27 Estados miembros.

La moción aprobada en el Parlamento pone en duda precisamente esa arquitectura jurídica. Los eurodiputados que impulsaron el envío al tribunal plantearon reparos sobre el mecanismo de reequilibrio incluido en el acuerdo y sobre la base legal utilizada para permitir que las disposiciones comerciales avancen sin pasar por los parlamentos nacionales. Estos cuestionamientos serán ahora evaluados por el Tribunal de Justicia, que tiene la potestad de priorizar el análisis si considera que existen circunstancias excepcionales.

Desde la Comisión Europea manifestaron su desacuerdo con la decisión parlamentaria y señalaron que las preocupaciones planteadas ya habían sido abordadas en profundidad durante las negociaciones. En cambio, dentro del propio Parlamento hubo voces que defendieron la remisión al tribunal como una instancia necesaria para despejar dudas legales, mientras otros la interpretaron como una maniobra política que podría demorar un acuerdo considerado estratégico en un contexto internacional marcado por tensiones comerciales y amenazas arancelarias.

El freno al acuerdo reabre así un escenario de incertidumbre para la relación entre la Unión Europea y el Mercosur. Hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se expida, el tratado permanecerá en suspenso, sin plazos claros para su entrada en vigor y con un debate político y económico que promete seguir escalando tanto en Europa como en los países sudamericanos involucrados.

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