Livio Gutiérrez: "La actividad administrativa estaba fundada y goza de presunción de legitimidad"

La Cámara de Apelaciones Multifueros del Chaco revocó el amparo presentado por la Fundación Valdocco y resolvió que el Estado provincial no deberá continuar abonando subvenciones a docentes que no acreditaron un vínculo real con la institución. El fallo anuló la sentencia de primera instancia del Juzgado Civil y Comercial N.º 21 y avaló las medidas adoptadas por el Ministerio de Educación, entre ellas la suspensión del pago de haberes y la clausura del establecimiento educativo.

La resolución, dictada durante la feria judicial, hizo lugar al recurso interpuesto por la Fiscalía de Estado y concluyó que la documentación presentada por la fundación fue insuficiente, incompleta y fuera de término. Según el tribunal, solo se logró acreditar la situación de siete docentes y sin el respaldo administrativo correspondiente, en un contexto donde se detectaron múltiples inconsistencias en la nómina de personal y en el funcionamiento real de los niveles educativo declarados.

En diálogo con N9, el secretario coordinador de Gabinete de la provincia, Livio Gutiérrez, explicó que el conflicto judicial tuvo origen en un proceso administrativo iniciado a mediados del año pasado, cuando se detectaron irregularidades durante inspecciones educativas. "Se constató que el nivel secundario y el terciario no funcionaban, pero había docentes facturando como si prestaran esos servicios", señaló, al tiempo que indicó que, de casi 90 personas declaradas, solo se encontraron entre 10 y 12 trabajando efectivamente.

Gutiérrez remarcó que, pese a las intimaciones y oportunidades otorgadas para regularizar la situación, la fundación no respondió a los requerimientos oficiales. Además, detalló que se detectaron docentes que cobraban salarios en Chaco y en otras provincias, lo que motivó la suspensión de los pagos. "La prueba era contundente y la Cámara, de manera unánime, entendió que el accionar administrativo estaba fundado y dentro del poder de policía del Estado", afirmó.

El fallo también destacó que la Fundación Valdocco no tiene legitimidad para arrogarse la representación de la comunidad wichí, encuadrando el caso como un conflicto individual entre una unidad educativa privada y el Estado provincial. Asimismo, se valoró la existencia de graves irregularidades legales, como la falta de actualización de la personería jurídica, la ausencia de balances presentados y una denuncia penal por presunta malversación de fondos públicos.

Finalmente, el funcionario subrayó que el eje central de la intervención estatal es la protección de los niños y adolescentes involucrados. Según precisó, se activaron dispositivos judiciales y sociales para constatar su situación y avanzar en un proceso de revinculación familiar o tutela estatal, siempre dentro del marco legal. "Más allá de lo económico, acá había una situación absolutamente irregular y el Estado tenía la obligación de poner un límite", concluyó.