El Superior Tribunal de Justicia postergó una definición de fondo y pidió datos sobre los menores involucrados

El Superior Tribunal de Justicia del Chaco dictó este 18 de junio de 2026 una resolución en el expediente "Fundación Valdocco c/ Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia del Chaco; Provincia del Chaco s/ acción de amparo", mediante la cual pidió informes urgentes sobre la situación de niñas, niños y adolescentes que estaban alojados en la sede de la Fundación Valdocco de General Vedia.

La medida se conoció en el marco de un conflicto judicial e institucional que lleva meses de tensión entre la organización dirigida por Juan Carlos Molina y el Gobierno provincial. La disputa se originó a partir de decisiones administrativas del Ministerio de Educación vinculadas al funcionamiento de la UEGP N° 144, el financiamiento estatal y presuntas irregularidades detectadas en la administración de recursos, haberes docentes y documentación respaldatoria. La Fundación, por su parte, acudió a la Justicia mediante una acción de amparo.

En esta nueva resolución, el STJ tomó intervención a partir de una presentación de la Defensora General, quien informó actuaciones extrajudiciales relacionadas con el egreso, traslado o reubicación de niñas, niños y adolescentes que se encontraban en la institución. Ante la sensibilidad del caso y los derechos involucrados, la mayoría del tribunal entendió que resultaba necesario contar con información precisa antes de adoptar una decisión de fondo.

Por ese motivo, el Superior Tribunal solicitó informes al Ministerio de Desarrollo Humano, al Ministerio de Educación, al Juzgado Multifueros de Misión Nueva Pompeya y a la Policía del Chaco. El objetivo es reconstruir qué organismos intervinieron, qué medidas se adoptaron, cuál fue el destino de cada niña, niño o adolescente y si existió seguimiento posterior de su situación personal, familiar, habitacional, alimentaria, sanitaria y educativa.

Además, el tribunal requirió que se informen las actas, actuaciones administrativas o registros vinculados a esos procedimientos. En particular, pidió al Ministerio de Educación que detalle si se garantizó la continuidad educativa de los menores, si existen registros de matrícula, reubicación escolar o datos sobre su situación educativa actual. A la Policía del Chaco, en tanto, se le solicitó precisar si recibió, alojó, trasladó o entregó a niñas, niños y adolescentes a familiares, referentes u otros organismos.

La resolución fijó un plazo de 48 horas, desde la recepción de los oficios, para que los organismos respondan con carácter urgente. La decisión se da en un expediente atravesado por reclamos contrapuestos: por un lado, las observaciones del Estado provincial sobre el manejo institucional y administrativo; por otro, los planteos vinculados a la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, en especial aquellos pertenecientes a comunidades originarias que formaban parte del dispositivo de la Fundación.

El fallo no fue unánime. El juez Alberto Mario Modi votó en disidencia y sostuvo que la medida excede el objeto del amparo, al considerar que la causa está centrada en la validez de actos administrativos relacionados con el funcionamiento de la UEGP N° 144 y no directamente en el traslado o reubicación de los menores. Sin embargo, la mayoría del STJ priorizó la necesidad de contar con información actualizada sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes involucrados antes de continuar con el análisis del caso.