El Gobierno vació un programa clave para cirugías cardíacas infantiles

El desmantelamiento del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC) expuso con crudeza el alcance real del ajuste que impulsa el Gobierno nacional. La decisión de despedir a la totalidad del equipo técnico que coordinaba esta política pública dejó sin conducción médica a una red federal que durante más de quince años garantizó diagnóstico temprano, derivación oportuna y cirugías cardíacas a bebés y niños con malformaciones congénitas, una de las principales causas de mortalidad infantil en el país.

El PNCC funcionaba desde 2008 y fue respaldado por la Ley 27.713 en 2022, reglamentada en 2023. Su objetivo era claro: que ningún niño viera comprometida su vida por haber nacido lejos de un centro de alta complejidad. A través de una organización por nodos regionales, el programa permitía resolver los casos según su gravedad, evitando traslados innecesarios y reduciendo tiempos críticos. Gracias a ese esquema, la Argentina había logrado eliminar la lista de espera quirúrgica y alcanzar una tasa de sobrevida cercana al 95%, comparable con la de los países centrales.

Cada año nacen en el país alrededor de 7.000 bebés con cardiopatías congénitas y cerca de la mitad requiere cirugía durante el primer año de vida para sobrevivir. El programa coordinaba unas 6.000 notificaciones anuales y alrededor de 800 intervenciones quirúrgicas de alta complejidad, además de diagnósticos prenatales y seguimientos de largo plazo. La expulsión de los especialistas que tomaban decisiones médicas dejó al sistema funcionando de manera precaria, con personal administrativo sin capacidad para evaluar urgencias, definir prioridades ni ordenar derivaciones.

Desde el Gobierno se insiste en que el programa "sigue funcionando", pero la propia cartera sanitaria reconoció que ya no cuenta con el equipo técnico que lo sostenía. Para médicos y organizaciones científicas, la explicación oficial es insuficiente y peligrosa: en un área donde las horas pueden definir la vida o la muerte, la falta de coordinación especializada implica un riesgo directo para miles de niños. Legisladores y referentes del sistema de salud calificaron la medida como ilegal y advirtieron que contradice una ley vigente.

El ajuste, además, no se explica por razones presupuestarias significativas. Los salarios del equipo despedido representaban una porción mínima del gasto en salud, mientras que el programa había sido reconocido a nivel nacional e internacional por su eficiencia y resultados. Lejos de corregir fallas, la decisión destruye una estructura que funcionaba, desperdicia años de inversión en formación profesional y vuelve a instalar desigualdades que el Estado había logrado revertir.

La eliminación del PNCC no es un hecho aislado, sino parte de una lógica más amplia de recortes en áreas sensibles como salud, discapacidad y niñez. Bajo el discurso de la "optimización", el Gobierno nacional avanza sobre políticas que garantizaban derechos básicos. En este caso, el impacto no es abstracto ni simbólico: se traduce en demoras, retrocesos sanitarios y la posibilidad concreta de muertes evitables. Para especialistas y familias, el mensaje es tan claro como alarmante: la motosierra también pasa por la vida de los más chicos.