El Gobierno aprobó aumentos para altos funcionarios, pero excluyó al Presidente y a la Vice
La medida fue oficializada por decreto y no tendrá efecto retroactivo. El Ejecutivo aclaró que quedará suspendida si reaparece el déficit fiscal. El esquema replica los aumentos acordados en paritarias del sector público y excluye expresamente a los máximos cargos del Poder Ejecutivo.
El Gobierno nacional oficializó un nuevo esquema de aumentos salariales para los altos funcionarios de la administración pública, aunque dejó expresamente afuera de ese beneficio al presidente Javier Milei y a la vicepresidenta Victoria Villarruel. La medida quedó formalizada mediante el Decreto 931/2025, publicado en el Boletín Oficial, y puso fin al congelamiento vigente desde diciembre de 2023, sin precisar aún el porcentaje exacto de la suba.
Según lo establecido, el incremento se aplicará a ministros, secretarios, subsecretarios y funcionarios de rango equivalente, tomando como referencia "el porcentaje acumulado de aumentos salariales negociados por la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional", correspondientes a acuerdos firmados entre enero de 2024 y julio de 2025. El decreto aclaró que los aumentos no serán retroactivos y remarcó que "los incrementos a los que se hace referencia por el presente artículo no serán de aplicación para los cargos de Presidente de la Nación y Vicepresidente de la Nación".
En paralelo, la norma instruyó a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública a avanzar en la implementación de "un nuevo sistema del empleo público", con cambios en los mecanismos de ingreso, evaluación y remuneración. En ese sentido, el texto oficial señaló la necesidad de promover "mecanismos de ingreso por mérito, evaluación periódica del desempeño, movilidad basada en competencias y esquemas de remuneración vinculados a la responsabilidad y funciones", con el objetivo de garantizar transparencia y profesionalización dentro del Estado.
En los considerandos, el Ejecutivo justificó la decisión en dos ejes centrales: la extensión del congelamiento salarial durante la actual gestión y el ordenamiento de las cuentas públicas. Al respecto, se destacó que "se han logrado acumular 22 meses de superávit fiscal", lo que, según el decreto, permitió estabilizar la situación económica hacia finales de 2025 y acompañar una baja en los indicadores de pobreza.
No obstante, la medida incorporó una cláusula automática de suspensión. El texto estableció que, si el Ministerio de Economía constatara públicamente la existencia de un déficit fiscal financiero acumulado, las retribuciones "quedarán automáticamente congeladas" y se frenará la aplicación de nuevos incrementos, incluso aquellos ya aprobados. La norma precisó que "la suspensión operará de pleno derecho, sin necesidad del dictado de un acto administrativo", y se mantendrá vigente hasta que se recupere el superávit.
El decreto también invitó al Poder Judicial, al Poder Legislativo, a las provincias, municipios y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a replicar el esquema, congelando las retribuciones de sus autoridades en contextos de desequilibrio fiscal. Finalmente, derogó el artículo 4° del Decreto 235/2024, que había fijado el congelamiento de los salarios de los altos funcionarios según los valores vigentes al 31 de diciembre de 2023, una medida que en su momento se había justificado en el marco de una inflación interanual del 211,4% y bajo la premisa de que "los políticos tienen que ser los primeros en dar el ejemplo".
