Herlein cuestionó al juez Flores: "Interpretó mal y nos condenó nuevamente"

El Gobierno del Chaco apeló el fallo del Juzgado Civil y Comercial N.º 21 que hizo lugar al amparo presentado por la Fundación Valdocco y ordenó restablecer el aporte estatal a la Unidad Educativa de Gestión Privada N.º 144. El recurso fue presentado por la Fiscalía de Estado y concedido con efecto no suspensivo, lo que obliga a la Provincia a cumplir la sentencia de primera instancia hasta que la Cámara de Apelaciones resuelva la cuestión de fondo.

En comunicación con N9, el fiscal de Estado Alejandro Herlein cuestionó con dureza el fallo firmado por el juez Julián Benito Flores. "Creemos que la sentencia incurre en un error en el abordaje jurídico", afirmó, y sostuvo que el magistrado no tuvo en cuenta las irregularidades detectadas por el Ministerio de Educación ni las facultades propias del Poder Ejecutivo para ordenar el cierre de la institución y suspender el pago de sueldos.

Según explicó Herlein, uno de los puntos centrales del planteo judicial es el encuadre del caso. "El juez lo interpreta como si fuera un amparo colectivo que afectara a la comunidad huichí, cuando en realidad es un conflicto individual", señaló, y remarcó que se trata de una disputa entre el Estado provincial y una organización educativa privada que recibe fondos públicos. "La normativa que se aplica es diferente", agregó.

El Fiscal de Estado recordó que el mismo juzgado ya había dictado anteriormente una medida cautelar ordenando el pago de salarios, resolución que fue revocada por la Cámara Civil. Sin embargo, al resolver la cuestión de fondo, el tribunal volvió a fallar contra la Provincia. "El juzgado nos condenó nuevamente y la sentencia ordena varias cuestiones", indicó Herlein, al confirmar que ahora será la Cámara la que deberá definir si ratifica o revoca lo dispuesto.

El impacto económico es otro de los ejes del reclamo provincial. De acuerdo a los datos oficiales, el fallo implica el pago de sueldos a más de 70 docentes, con un costo superior a 175 millones de pesos mensuales. Además, Herlein enumeró otras irregularidades observadas, como docentes que residirían en el sur del país, la falta de declaraciones juradas desde 2015 y deficiencias pedagógicas detectadas por la autoridad educativa.

Ante la preocupación por la situación de los alumnos, el Fiscal de Estado llevó tranquilidad y aseguró que "el Estado tomó las medidas necesarias". "Los niños ya están resguardados y reubicados para que continúen escolarizados", afirmó. Mientras tanto, la apelación continuará su trámite durante la feria judicial, con habilitación de días y horas inhábiles, y se espera que la Cámara Civil se expida en el transcurso del mes de enero.