El Juez Flores le exige a Chaco que pague a docentes "truchos" y reabra una escuela sin alumnos

La Justicia chaqueña dictó sentencia en la causa vinculada a la Fundación Valdocco y dejó sin efecto los actos administrativos que habían dispuesto la suspensión del aporte estatal y la clausura de la Unidad Educativa de Gestión Privada Nº 144. El fallo ordenó restablecer el financiamiento público y mantener el funcionamiento regular de la institución, además de pagar los montos adeudados correspondientes a la subvención estatal de la Planta Orgánica Funcional.

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La resolución estableció que el Ministerio de Educación y el Gobierno del Chaco deberán depositar las sumas retenidas en un plazo de cinco días hábiles desde la notificación. También dispuso que el Estado se abstenga de adoptar nuevas medidas de cierre o desfinanciamiento sin cumplir con los estándares constitucionales y convencionales, en particular aquellos vinculados a la consulta previa cuando se trata de comunidades indígenas.

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El juez fundamentó su decisión en que las medidas provinciales no ponderaron adecuadamente el impacto sobre la comunidad educativa indígena wichí, integrada por niños, niñas y adolescentes que reciben no solo educación formal, sino también alojamiento, alimentación y contención comunitaria. En ese marco, consideró que la suspensión de aportes y la clausura se adoptaron sin cumplir con la consulta previa, libre e informada exigida por el Convenio 169 de la OIT, lo que afectó derechos fundamentales de una población especialmente vulnerable.

El conflicto se inscribe en una causa de alto impacto político y judicial que involucra a la Fundación Valdocco y a su principal referente, el sacerdote Juan Carlos Molina. Molina fue funcionario nacional durante el kirchnerismo y, en 2025, resultó electo diputado nacional por la provincia de Santa Cruz. La fundación que dirige administra establecimientos educativos y dispositivos de contención social en distintas provincias, entre ellas Chaco.

Desde el Gobierno provincial se habían detectado presuntas irregularidades administrativas y financieras, entre ellas la existencia de docentes que percibían sueldos en más de una provincia, la falta de documentación respaldatoria y el uso indebido de fondos públicos que superaban los 100 millones de pesos mensuales. A esas acusaciones se suman investigaciones judiciales en Santa Cruzpor presuntos delitos vinculados a defraudación al Estado, asociación ilícita y trata de personas, en el marco del funcionamiento de dispositivos de alojamiento y contención de menores.

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La sentencia no se pronunció sobre el fondo de esas acusaciones penales, pero sí concluyó que las decisiones administrativas adoptadas en Chaco resultaron ilegítimas desde el punto de vista sustancial, al no respetar el interés superior del niño ni el enfoque intercultural exigido por la normativa vigente. Además, dejó establecido que cualquier actuación futura del Estado deberá garantizar participación real de la comunidad afectada y evitar medidas regresivas en materia de derechos.