El Gobierno consiguió la media sanción del Presupuesto en Diputados

El Gobierno consiguió la media sanción del Presupuesto en Diputados, uno de los grandes objetivos que se había fijado para las sesiones extraordinarias. Tras intensas negociaciones con sus aliados, cuyo apoyo terminó siendo clave para el apoyo legislativo en general, logró 132 votos a favor, 97 en contra y 19 abstenciones.

El eje central vuelve a ser el ancla fiscal: el Presupuesto 2026 prevé un resultado financiero superavitario y establece que la ejecución debe cerrar con equilibrio o superávit, consolidando la disciplina fiscal como columna vertebral de la política económica.

Además del equilibrio fiscal, el dictamen incorpora una serie de derogaciones que generaron fuerte rechazo de la oposición. Principalmente la derogación de las ya mencionadas leyes de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad, a lo que se suma la eliminación de artículos de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que fijaban metas progresivas de inversión como porcentaje del PBI y un artículo vinculado al financiamiento específico del sistema de educación técnica.
A último momento, el oficialismo incorporó dos artículos en el capítulo 11: uno sobre el pago de la deuda de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires y otro para financiar al Ministerio Público Fiscal.
También se modifica el régimen de zonas frías: el beneficio no se elimina, pero se altera su arquitectura legal y deja de estar definido directamente por ley, pasando a depender de la reglamentación y las decisiones del Poder Ejecutivo Nacional.
Otro proyecto que se tratará es el de Inocencia Fiscal, conocido como el de los "dólares bajo el colchón". La iniciativa eleva los montos a partir de los cuales el Estado puede iniciar investigaciones por evasión fiscal, reduce de cinco a tres años el plazo de prescripción para que ARCA determine deudas tributarias y habilita mecanismos de regularización mediante el pago, evitando consecuencias penales.

También se debatirá el proyecto de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que busca establecer un marco jurídico permanente para prohibir el déficit fiscal y la emisión monetaria sin respaldo. La iniciativa incorpora figuras penales nuevas, con penas de prisión de uno a seis años e inhabilitación absoluta para los funcionarios que dicten normas o ejecuten gastos que incrementen el Presupuesto sin recursos acreditados.