Caso Barraza: sus abogados denunciaron violación a los derechos constitucionales
En una carta abierta, la Asociación de Abogados Penalistas de la Provincia del Chaco, representada por un abogado litigante, ha expresado su preocupación por el manejo judicial y mediático del conocido "Caso Barraza". La misiva remarcó una serie de violaciones constitucionales que, según la asociación, atentan contra el sistema republicano de gobierno y la división de poderes.
En la carta abierta afirmaron: "El odio manifestado en los poderes públicos por funcionarios judiciales y del poder ejecutivo despierta en los medios periódísticos y en la sociedad un recelo innecesario y discriminativo". Esta situación, describen, ha sido exacerbada por medios "amarillistas" que reproducen sin analizar la gravedad de las irregularidades procesales, afectando no solo al imputado, sino también a la integridad del sistema judicial.
Desde el inicio del proceso, se denuncian múltiples violaciones a los derechos de Barraza. Entre ellas, se destaca la negación del derecho a la defensa, tal como establece el artículo 8.2.f de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), impidiendo a la defensa controlar pruebas de cargo debido al secreto de las actuaciones y a la supuesta denuncia anónima. "Siempre se supo que el denunciante era el mismo tesorero de la Asociación Civil Humildad que presidía el Sr. Barraza", indicó la carta, cuestionando la falta de transparencia y de oportunidad para aportar nuevos testigos que podrían desvirtuar las acusaciones.
Otro punto de preocupación es la afectación del derecho a la propiedad privada, garantizado por el artículo 17 de la Constitución Nacional. "Se secuestraron bienes que no solo eran de propiedad del imputado sino de otras personas que nada tenían que ver con el hecho", subrayó la carta. Estos bienes fueron distribuidos a terceros sin legitimación activa en la causa, lo que constituye, según la asociación, un abuso de poder por parte de la fiscal Lilian Irala.
La intervención de jueces no naturales al caso, como el Dr. Sandoval, también fue criticada. "A pesar de haber sido denunciado penalmente por el imputado Barraza, el Dr. Sandoval volvió a intervenir para menoscabar los derechos del imputado", señaló la misiva. Además, mencionaron presuntas órdenes de funcionarios no judiciales, como el ministro de Seguridad Hugo Matkovich y el secretario coordinador de Gabinete Livio Gutiérrez, acusados de haber influido en decisiones judiciales.
La carta también mencionó antecedentes controvertidos de Matkovich, acusándolo de represión social durante su gestión en 2006. "Nunca respetó los derechos humanos de los chaqueños y aprovechó esta causa para inmiscuirse e impartir directivas a funcionarios del Poder Judicial", afirmó la asociación.
El documento concluyó exhortando al gobernador de la provincia del Chaco, Leandro Zdero, y al presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Víctor Emilio del Río, a restablecer las garantías constitucionales y respetar la independencia judicial. "Se convirtió al Chaco en una impensable Venezuela "chavista"", denunció la carta, destacando la urgencia de garantizar un estado constitucional de derecho para la seguridad y tranquilidad de todos los ciudadanos.
