Beneficiarios del fallo por YPF pidieron sanciones si no se entregan chats de funcionarios

Los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF reforzaron su estrategia judicial contra la Argentina y reclamaron a la Justicia de Estados Unidos que establezca plazos estrictos para la entrega de chats, mensajes y correos electrónicos de funcionarios y exfuncionarios. El pedido fue impulsado por Eton Park y Petersen, financiados por el fondo Burford, en el marco de una condena que asciende a unos 16.000 millones de dólares y que todavía no pudo ejecutarse debido a la apelación presentada por el Estado argentino.

El objetivo central de los demandantes es demostrar que distintos organismos y empresas públicas, como el Banco Central, el Banco Nación o Aerolíneas Argentinas, actúan como una extensión directa del Estado. De lograr ese reconocimiento, podrían avanzar sobre bienes de esas entidades para intentar cobrar la sentencia. En ese contexto, solicitaron acceso a comunicaciones privadas de funcionarios y exfuncionarios, al considerar que ese material permitiría probar una coordinación directa con esas instituciones. Sin embargo, denunciaron demoras y una respuesta incompleta por parte de la Argentina, a la que acusaron de utilizar maniobras dilatorias.

La jueza Loretta Preska fijó como fecha límite el 10 de enero para que haya avances concretos en la entrega de la información y convocó a una nueva audiencia para el 29 de ese mes. Mientras tanto, la defensa argentina sostiene que realizó presentaciones parciales a medida que algunos involucrados aceptaron colaborar y argumenta que los teléfonos son dispositivos personales, cuya entrega depende de la voluntad de cada funcionario. El escenario mantiene abierta la posibilidad de sanciones adicionales, incluido el desacato, en una causa que se consolidó como el frente judicial más relevante y oneroso que enfrenta la Argentina en los tribunales estadounidenses.