El Gobierno avanza con el nuevo Código Penal mientras pone en duda la figura de femicidio

Mientras el Gobierno ultima los detalles del nuevo Código Penal que enviará al Congreso en sesiones extraordinarias, una definición concentra las mayores tensiones: la posible eliminación de la figura de femicidio como agravante del homicidio. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad y pieza clave en la negociación política de la reforma, admitió que el tema sigue "en estudio", en paralelo con el debate sobre la imprescriptibilidad de la corrupción. La discusión no se da en el vacío: llega en un país con cifras persistentes de violencia machista y a pocas semanas de un veredicto histórico en Chaco por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, donde un jurado popular condenó por homicidio agravado por vínculo y violencia de género a César Sena y a sus padres como partícipes primarios.

La decisión oficial se apoya en un argumento ya conocido del presidente Javier Milei y su equipo: la idea de que la figura de femicidio vulnera la "igualdad ante la ley" porque, según sostienen, otorga una protección diferenciada a las mujeres frente a los varones. En Davos este mismo año, Milei llegó a afirmar que el femicidio "legaliza de hecho que la vida de una mujer vale más que la de un hombre", y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona insistió luego en que el feminismo "distorsiona" el concepto de igualdad. La misma lógica aparece ahora detrás de la reforma penal: un intento de presentar derechos conquistados en las últimas décadas como privilegios que habría que recortar.

Pero la igualdad ante la ley no se agota en una fórmula abstracta. El derecho internacional y los estándares de derechos humanos señalan que existe una desigualdad estructural entre varones y mujeres, construida durante siglos y sostenida hasta hoy: las mujeres siguen asumiendo la mayor parte de las tareas de cuidado, cobran menos por el mismo trabajo, tienen menos margen para desarrollar su carrera y, además, son el blanco principal de la violencia en el ámbito doméstico. En ese contexto, equiparar formalmente todas las situaciones como si partieran del mismo punto de partida no corrige la desigualdad: la profundiza. Lo que el Gobierno presenta como una defensa de la "igualdad" se parece más a la defensa de un orden tradicional que mantiene intactos privilegios masculinos.

La figura de femicidio, incorporada al Código Penal argentino como agravante del homicidio cuando media violencia de género, no fue un capricho ideológico sino la respuesta a una realidad dramática: mujeres asesinadas por ser mujeres, en relaciones atravesadas por el control, el sometimiento y la escalada de agresiones previas. Nombrar jurídicamente esa violencia extrema permitió visibilizar un fenómeno específico, orientar políticas públicas y marcar que el Estado reconoce que no se trata de un homicidio cualquiera. El derecho penal no resuelve por sí solo la desigualdad, pero sí fija límites, sanciones y mensajes claros sobre lo que una sociedad decide no tolerar.

El reciente veredicto en el caso de Cecilia Strzyzowski es un ejemplo concreto del peso de esta figura. El jurado popular declaró a César Sena culpable como autor de homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género, y a Marcela Acuña y Emerenciano Sena como partícipes primarios bajo esa misma calificación, todos expuestos a prisión perpetua. No fue solo una condena ejemplar por la pena prevista, sino la afirmación colectiva de que se trató de un crimen enmarcado en violencia machista, no de una muerte más en las estadísticas. Borrar o relativizar esa categoría en el Código Penal implicaría, en los hechos, retroceder en el reconocimiento institucional de lo que ocurrió con Cecilia y con tantas otras víctimas.

Algo similar ocurre con causas en trámite, como la de José Luis "Pato" Núñez en Resistencia, donde la fiscalía sostiene la tentativa de femicidio tras el ataque con arma de fuego contra su expareja. Allí también la calificación no es un detalle técnico: ordena la investigación, define medidas de protección para la víctima y expresa que el hecho se lee en clave de violencia de género. Mientras fiscales y querellas pelean en los tribunales por sostener esta perspectiva, el Poder Ejecutivo discute si la categoría debe seguir existiendo. La señal política es contradictoria: se endurecen penas para ciertos delitos y se habla de imprescriptibilidad, pero al mismo tiempo se pone en cuestión una herramienta central para enfrentar la violencia contra las mujeres.

El Gobierno de Milei ya desmanteló estructuras estatales dedicadas a género y diversidad, recortó programas y relativizó públicamente la agenda de derechos conquistada al calor de movilizaciones como Ni Una Menos. En ese marco, la posible eliminación del femicidio del Código Penal no aparece como un debate técnico aislado, sino como un nuevo capítulo en una política más amplia de retroceso. El Congreso tendrá ahora la responsabilidad de discutir la reforma, pero también de escuchar a víctimas, familias, organizaciones y especialistas que señalan algo básico: en un país donde la violencia machista sigue matando, el problema no es que haya "demasiada protección" para las mujeres, sino que el Estado aún no está a la altura de la deuda que tiene con ellas.