Mercedes: El STJ ratificó las condenas contra funcionarios municipales por desviar fondos y ocultar documentos

El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes confirmó la responsabilidad penal de exfuncionarios de la Municipalidad de Mercedes por hechos de corrupción cometidos durante 2019. La decisión se tomó al analizar los recursos de casación presentados en la causa que investigó incumplimiento de deberes, peculado y falsificación de documentos públicos agravada. El fallo ratificó la validez de la sentencia Nº 12/24 dictada por el Tribunal Oral Penal de Mercedes, donde se había determinado la participación de varios funcionarios en maniobras ilícitas vinculadas al manejo de fondos públicos y a la confección de documentación falsa.

En la Sentencia Nº 278, el STJ sostuvo que la resolución del tribunal de juicio se apoyó en pruebas suficientes y descartó los planteos defensivos que cuestionaban la legalidad del proceso y la valoración de la evidencia. Entre los recursos rechazados se encontraban los presentados por los imputados Claudio Javier Deimundo, Diego Martín Caram, Pedro Jorge Brun, Gabriela Itatí Gómez, Cecilia Marisel Casco y Mariángeles Solange García Fariña. También se desestimó la apelación del fiscal interviniente, lo que consolidó plenamente los alcances del fallo original.

El análisis del ministro Alejandro Chain se centró en las objeciones vinculadas al tesorero municipal de ese período. La defensa sostenía que se había modificado la calificación legal y que existían problemas de congruencia, pero el magistrado consideró que el acusado conocía desde el inicio la conducta que se le atribuía y que su rol debía evaluarse dentro de un circuito más amplio de irregularidades. El tribunal entendió que la pericia caligráfica no avalaba la interpretación defensiva y recordó que el delito de peculado se configura cuando un bien es sustraído del control administrativo, sin importar el destino final que reciba.

El fallo fue acompañado por los ministros Guillermo Horacio Semhan, Luis Eduardo Rey Vázquez y Fernando Augusto Niz, quienes coincidieron en los fundamentos expuestos. En paralelo, el ministro Eduardo Gilberto Panseri manifestó diferencias respecto del orden de votación fijado por cuestiones administrativas, aunque adhirió a la resolución final. El Superior Tribunal describió tres mecanismos utilizados para consumar los hechos: la inclusión de beneficiarios inexistentes en planes sociales, la confección de planillas falsas para desviar adelantos de haberes y la sustracción de documentos públicos destinados a evitar controles. Con la confirmación del fallo, quedó firme la responsabilidad penal de los exfuncionarios involucrados.