Argentina votó en contra de eliminar la tortura
El país integró el pequeño grupo que se opuso a una resolución históricamente aprobada por consenso para combatir la tortura.

La República Argentina votó en contra de una resolución destinada a prevenir y erradicar la tortura en la Asamblea General de la ONU, una iniciativa que tradicionalmente obtenía consenso absoluto entre los Estados miembros. El Gobierno de Javier Milei se alineó con Estados Unidos e Israel, conformando el reducido grupo de países que rechazó el texto. La decisión provocó un inmediato revuelo político, en un tema que históricamente encontró acuerdos amplios a nivel local e internacional. En total, tres países votaron en contra y otros cuatro se abstuvieron, entre ellos Rusia y Nicaragua.
El posicionamiento argentino fue interpretado como una señal más del realineamiento de la política exterior hacia Washington y Jerusalén, una orientación que el oficialismo reivindica desde el inicio de su gestión. Sin embargo, referentes de la oposición y especialistas en derechos humanos cuestionaron la postura adoptada. La senadora Juliana Di Tullio sostuvo que el Gobierno "rompió el pacto democrático construido desde 1983", mientras que el exembajador Roberto Carlés advirtió que el voto representa "un retroceso grave" y calificó de "seguidismo diplomático" el alineamiento automático con las potencias.
La controversia se profundizó por el contexto: el voto en la ONU ocurrió apenas una semana después de la exposición del subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, ante el Comité Contra la Tortura. En esa presentación, el funcionario cuestionó públicamente el trabajo de los organismos de derechos humanos, relativizó el accionar represivo de la última dictadura militar y defendió la idea de una "memoria completa". Además, la comitiva enviada por el Ministerio de Seguridad respaldó sin reservas el protocolo antipiquetes implementado desde diciembre de 2023, una medida que recibió críticas internacionales por su impacto sobre la libertad de expresión.
La decisión del Gobierno argentino abrió interrogantes sobre la continuidad del consenso histórico en materia de derechos humanos, un eje que marcó la agenda internacional del país durante décadas. También dejó expuesto un cambio de prioridades en la política exterior, ahora centrada en el alineamiento geopolítico con Estados Unidos. En el plano local, el voto promete profundizar el debate parlamentario y social sobre el rumbo del Gobierno en un área particularmente sensible para la identidad democrática argentina.
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