El Gobierno presentó un proyecto de ley para el retiro voluntario en la administración pública

El bloque oficialista de la Legislatura chaqueña presentó un proyecto de ley que propone un régimen de retiro voluntario móvil para el personal de la administración pública provincial. La iniciativa, firmada por el diputado de la Unión Cívica Radical Carim Peche con el respaldo de su bancada, fue ingresada oficialmente este miércoles. El objetivo es ofrecer una alternativa de desvinculación ordenada y con acompañamiento económico a quienes decidan acogerse voluntariamente al beneficio.

Según el texto, el retiro consistirá en una asignación mensual abonada por el Estado provincial, que se mantendrá vigente hasta la jubilación del beneficiario, su renuncia o fallecimiento. El monto será determinado según la edad del agente y sus años de aportes al Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (InSSSeP), con porcentajes que van del 50 al 75 por ciento del salario percibido al momento del retiro. Además, toda fracción superior a seis meses de aportes será considerada como un año completo a los efectos del cálculo, y los haberes se ajustarán automáticamente según las variaciones de edad y antigüedad previstas.

El régimen contempla exclusiones para ciertos sectores del Estado, como el personal docente, de seguridad, y los profesionales y técnicos del Poder Ejecutivo. También quedan fuera los trabajadores de la salud, salvo que el Ministerio del área determine excepciones por necesidad del sistema sanitario o por razones debidamente justificadas. El proyecto prevé que el Estado realice una preliquidación de haberes antes de concretar el retiro, permitiendo al agente conocer el monto estimado y decidir en un plazo de cinco días si acepta o rechaza el beneficio.

Los trabajadores que adhieran al régimen conservarán el derecho a percibir el Sueldo Anual Complementario y las asignaciones familiares que correspondan. Mientras tanto, deberán continuar aportando al sistema previsional hasta acceder a la jubilación. El Estado, por su parte, asumirá las contribuciones patronales correspondientes. Para el financiamiento, la propuesta crea un Fondo Especial de Retiro Voluntario Móvil que será incorporado al presupuesto provincial. De aprobarse, la ley tendrá vigencia desde su promulgación hasta el 31 de diciembre de 2026.