Gobierno busca privatizar empresas para mejorar la reserva de dólares
La administración busca reducir costos operativos y aumentar las reservas en divisas mediante la privatización de entidades como AYSA, Corredores Viales y Correo Argentino.
El Gobierno de la Nación anunció su intención de privatizar seis empresas públicas antes de 2025, con el objetivo de incrementar las reservas en dólares y reducir los costos operativos. Entre las entidades a privatizar se encuentran Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), Corredores Viales, Correo Argentino, Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A. (IMPSA), Tandanor y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).
Diego Chaher, exinterventor de Télam, será el encargado de llevar adelante las ventas, encabezando una nueva Unidad Ejecutora de Empresas bajo la órbita del Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo. Esta área se creará mediante un decreto en preparación, que reestructurará varios ministerios y la subestructura de la Jefatura de Gabinete, dirigida por Guillermo Francos.
Dentro de esta reorganización, se prevé la creación del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger. Francos ha solicitado una reducción de sus responsabilidades operativas para enfocarse en cuestiones políticas, resultando en que ninguna empresa pública quedará bajo su supervisión.
La administración pretende acelerar las privatizaciones y concesiones para ahorrar costos operativos e incrementar las reservas. Desde el entorno de Milei aseguran que el ahorro podría ser de aproximadamente 1.000 millones de dólares anuales si se deja de financiar la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE).
El plan incluye la venta de empresas cuya privatización no fue sancionada por el Congreso, como Correo Argentino, EANA, IMPSA y Tandanor, amparándose en estatutos y reglamentos que permiten maniobras con la participación estatal. También se evalúa la privatización de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), Intercargo, Aerolíneas Argentinas y Banco Nación, con proyectos de ley específicos en preparación para ser enviados al Congreso. ARSAT podría seguir el mismo camino.
El Ejecutivo deberá iniciar el tratamiento de las empresas públicas aprobadas en la Ley Bases ante la comisión bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, compuesta por seis senadores y seis diputados. La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN) serán las encargadas de informar sobre el estado legal y financiero de las empresas.
El proceso de privatización se podrá realizar mediante la venta de activos, acciones, establecimientos o haciendas productivas, así como por la administración con o sin opción a compra durante un plazo determinado, previa fijación del valor de venta. Esta metodología también se aplicará a las concesiones, licencias o permisos.
