Diputados aprobó la emergencia en ciencia con 132 votos y la giró al Senado

La Cámara de Diputados aprobó la emergencia en ciencia, tecnología e innovación tras una sesión que comenzó el miércoles al mediodía y terminó cerca de las dos de la madrugada del jueves. La media sanción salió por unanimidad entre los presentes, con 132 afirmativos, apenas tres por encima de la mayoría simple, mientras 125 legisladores se ausentaron de la votación pese a permanecer en el Congreso o en sus bancas sin sentarse. El texto fija la adecuación de partidas para el funcionamiento del sistema, ordena garantizar una distribución federal de los fondos y suma dos ejes centrales: la actualización de los ingresos de todo el personal del sistema científico según la variación del IPC desde diciembre de 2023 y la declaración de bienes públicos estratégicos para los sectores nuclear, de telecomunicaciones, aeroespacial y de industria para la defensa, medida que impide privatizaciones sin una ley específica.

Ahora el expediente pasó al Senado, donde la oposición cuenta con mayor volumen y se estima que podría tratarlo antes de las elecciones del 26 de octubre. Si se convierte en ley, quedará por verse su implementación ante un escenario político en el que iniciativas similares han enfrentado objeciones del Poder Ejecutivo y eventuales vetos. El antecedente inmediato es la emergencia en discapacidad, cuyo recorrido siguió trabas administrativas aun después de revertido el veto presidencial. En paralelo, en Diputados persiste la tensión institucional con análisis de una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

El telón de fondo es el Presupuesto 2026, cuyo debate arranca el 14 de octubre en la Comisión de Presupuesto. El proyecto del Ejecutivo propone derogar los artículos 5°, 6° y 7° de la Ley 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, que trazan la senda de incremento hacia el 1% del PBI para 2032. Mientras tanto, el sistema opera con una proyección para 2025 equivalente al 0,16% del PBI, el nivel más bajo en dos décadas y 45,1% por debajo de 2023, además de una reducción de 274 becas en formación (de 10.378 a 10.104). Un relevamiento sobre la propuesta oficial anticipa caídas en organismos estructurales: CONAE (-59,4%), CNEA (-53,1%), INTI (-49,6%), INTA (-44,7%) y CONICET (-39%), en comparación con los valores de 2023.

A la restricción presupuestaria se suman conflictos por patrimonio y financiamiento. Se registró la venta de un edificio histórico del INTA en Palermo por u$s18,5 millones y sigue abierta una denuncia ante el BID por la retención de u$s53 millones destinados a proyectos científico-tecnológicos, con un amparo por acceso a la información pública bajo el juzgado de Alejo Ramos Padilla. En respuesta parcial, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación lanzó el 3 de octubre nuevas convocatorias enfocadas en validación de productos y estrategias de negocios. Sin embargo, persiste el retraso en los nombramientos: alrededor de 1.200 investigadores anunciados hace dos años aún no recibieron el alta en CONICET. Un estudio reciente registra además caídas reales en becas (-36,2% frente a noviembre de 2023) y en la ejecución de insumos (-50,0%), bienes de uso (-63,3%) y transferencias (-82,0%) respecto de septiembre de 2023. En ese marco, la emergencia aprobada en Diputados busca un puente inmediato para sostener el sistema mientras se define el presupuesto del año próximo.