La Corte debe resolver la extradición de Fred Machado y crece la presión sobre Milei y Espert

El expediente de extradición de Fred Machado, reclamado por la justicia de Estados Unidos por cargos de narcotráfico, lavado de dinero y fraude, volvió a la Corte Suprema de la Nación. Tras confirmarse desde Texas que los cargos contra el empresario siguen vigentes, el máximo tribunal quedó en condiciones de definir si autoriza o no su traslado. Machado permanece detenido desde 2021, con prisión domiciliaria en Viedma, a la espera de una resolución que se viene dilatando desde hace más de tres años.

El caso no solo expone una trama judicial, sino también un escándalo político de alto impacto. Machado aparece vinculado al financiamiento de José Luis Espert, primer candidato de La Libertad Avanza, a través de un aporte de 200.000 dólares y el uso de aviones y camionetas de su entorno. Aunque Espert reconoció la transferencia, aseguró que correspondía a un trabajo para una minera guatemalteca ligada al empresario. Pese a las revelaciones, Javier Milei mantuvo su respaldo a Espert, decisión que alimenta las críticas por la falta de transparencia en la conformación de su espacio.

Las conexiones entre el oficialismo y Machado se multiplican. La defensa del empresario está a cargo de Francisco Oneto, abogado personal del propio Presidente, mientras que Espert es patrocinado por Augusto Garrido, integrante del estudio del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona. A esto se suma la participación de Diego Spagnuolo, ex funcionario cercano a Karina Milei, señalado en otras causas de corrupción. Estas coincidencias dejan expuesta una red de vínculos que compromete directamente a la cúpula libertaria en un caso con ramificaciones internacionales.

La Corte Suprema, que demoró durante años la definición del caso, se ve ahora obligada a pronunciarse bajo la presión de un contexto político enrarecido. La pregunta de fondo sigue abierta: ¿por qué Milei sostiene a Espert pese a su comprobada relación con Machado? Las respuestas posibles remiten a un entramado de favores, financiamiento y protección mutua que erosiona el discurso oficial contra la "casta" y plantea dudas sobre la verdadera independencia de la justicia en un expediente donde el narcoescándalo se mezcla con la política de más alto nivel.