Casanello evalúa desestimar los planteos de nulidad los Kovalivker

La Justicia federal analiza rechazar el planteo de nulidad presentado por los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, en el marco de la causa por presuntas contrataciones irregulares con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El recurso de la defensa argumentó que el proceso debía invalidarse porque se inició a partir de grabaciones sin autorización judicial y que, además, el caso debía considerarse cerrado por tratarse de un hecho ya juzgado.

Fuentes de Comodoro Py adelantaron que la posición mayoritaria es no convalidar la nulidad, al considerar que las pruebas audiovisuales, aunque obtenidas sin orden judicial, son válidas en investigaciones de corrupción. La Cámara Federal será la que tendrá la última palabra sobre este pedido, mientras tanto la instrucción continuará bajo la órbita del juez Sebastián Casanello.

El expediente se abrió a fines de agosto tras una denuncia de Alejandro Díaz Pascual, integrante de la asociación civil Arco Social, quien señaló compras por casi 30.000 millones de pesos realizadas por la ANDIS a la droguería sin licitación. El organismo estaba conducido en ese momento por Diego Spagnuolo, apartado de su cargo luego de la difusión de audios en los que describía presuntos pedidos de coimas que alcanzaban a funcionarios de la administración nacional.

La defensa de los Kovalivker, a cargo del abogado Martín Magram, también pidió el cierre de la causa por "cosa juzgada". Recordó que en febrero de este año un expediente similar por administración fraudulenta contra la misma firma fue archivado. Además, cuestionó los allanamientos realizados en la empresa, que derivaron en el secuestro de equipos informáticos, lo que —sostuvo— afectaría la operatoria y el abastecimiento de medicamentos.

El abogado también se opuso a entregar las claves de los teléfonos incautados, alegando que contienen información personal de la familia y que la Dirección de Asistencia Técnica de Investigaciones (DATIP) podrá acceder igualmente al contenido. Según su planteo, el material sensible no tiene relación con la causa y la difusión podría exponerlos públicamente.

Mientras tanto, la investigación avanza en la revisión de contratos y documentación secuestrada. Hasta el momento no hay definiciones concluyentes sobre el origen de los fondos ni sobre los eventuales vínculos políticos de la firma con funcionarios mencionados en la denuncia.