Impuesto a los combustibles: las provincias reclaman cambios y advierten pérdidas millonarias
El proyecto para modificar el tributo fue postergado en la Cámara de Diputados y los mandatarios provinciales insisten en que Nación concentra recursos que deberían destinarse a rutas.

El debate sobre el impuesto a los combustibles volvió a tensar la relación entre las provincias y el Gobierno nacional, luego de que la Cámara de Diputados levantara la sesión en la que se esperaba su tratamiento. La iniciativa había sido consensuada por los 24 gobernadores con el objetivo de modificar la asignación de esos recursos y evitar que sigan bajo manejo discrecional de Nación. La decisión de postergar el tema generó malestar en varios bloques y prolonga la discusión sobre un tributo que incide de manera directa en el financiamiento de obras viales.
Los mandatarios provinciales sostienen que una mínima parte de lo recaudado se destina a los fines previstos en la ley. Un informe parlamentario reveló que en 2024 más del 88% de los fondos ingresados al Sistema Vial Integrado fueron desviados hacia inversiones financieras y otras partidas, mientras que apenas un 16% se aplicó efectivamente a la mejora de rutas. La Cuenta de Inversión también mostró que el programa de pavimentación de rutas nacionales apenas alcanzó un 24% de sus metas, con obras paralizadas o neutralizadas.
El tema preocupa de manera especial en las provincias del norte argentino, donde la falta de mantenimiento de las trazas multiplica el riesgo vial y afecta el transporte de la producción. El gobernador del Chaco, Leandro Zdero, junto a sus pares de Corrientes y otras jurisdicciones del NEA, se sumó a la presión política para que el Congreso apruebe cambios que garanticen el uso específico del impuesto. En declaraciones previas, varios mandatarios señalaron que los caminos de la región se encuentran en condiciones críticas y requieren inversiones urgentes.
El proyecto impulsado en el Congreso plantea la eliminación de seis fideicomisos, entre ellos el de Infraestructura de Transporte y el Sistema Vial Integrado, para canalizar los recursos de manera directa a las provincias. Con esta modificación, buscan recuperar la capacidad de decidir sobre el destino de fondos que hasta ahora se concentran en el Ejecutivo nacional. "Lo recaudan pero no lo reparten", resumió un legislador opositor que respaldó la iniciativa, en alusión a la falta de transparencia en el uso del dinero.
En el plano político, la decisión de Unión por la Patria de cerrar la sesión sin discutir el tema despertó especulaciones sobre jugadas internas y estrategias de desgaste contra algunos gobernadores. Desde el oficialismo libertario, en tanto, anticiparon que el presidente Javier Milei vetará cualquier intento de recortar la discrecionalidad de Nación sobre este tributo, del mismo modo que advirtió con otras iniciativas aprobadas recientemente. La confrontación promete volver a escena en la próxima reunión parlamentaria.
Mientras tanto, las provincias insisten en que la situación de las rutas no admite más demoras. En el caso del NEA, tanto en Chaco como en Corrientes los reclamos se multiplican por los accidentes y la caída del transporte productivo. El pedido de los gobernadores es que se garantice un esquema federal y transparente, que asegure que el dinero que los ciudadanos pagan en cada litro de combustible vuelva en forma de obras viales y seguridad en los caminos.
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