El fiscal pidió enviar a juicio oral a Alberto Fernández por violencia contra Fabiola Yáñez

El fiscal federal Ramiro González solicitó que el ex presidente de la Nación, Alberto Fernández, sea llevado a juicio oral y público en la causa por violencia de género contra su ex pareja y ex primera dama, Fabiola Yáñez. El pedido incluye las acusaciones por lesiones leves y graves agravadas por contexto de género, además de amenazas coactivas, con una expectativa de pena que podría alcanzar los 18 años de prisión en caso de condena.

La presentación fue realizada ante el juez federal Julián Ercolini, quien ya notificó a la defensa del ex mandatario, encabezada por la abogada Silvina Carreira. La defensa cuenta con un plazo de seis días para responder, aunque tiene la posibilidad de pedir una prórroga. Una vez cumplido este paso, el magistrado quedará en condiciones de decidir si eleva el expediente a juicio oral.

La querella que representa a Yáñez había solicitado la elevación a juicio hace un mes. Con el dictamen del fiscal, ambos planteos deberán ser analizados antes de sortear el Tribunal Oral Federal que tendrá a cargo el proceso.

El caso se originó en agosto del año pasado como un desprendimiento de otra investigación en la que Fernández está procesado por presunta corrupción vinculada a la contratación de seguros durante su gestión. En el análisis del celular de María Cantero, ex secretaria privada del ex presidente, se hallaron mensajes y fotografías enviadas por Yáñez que mostraban moretones y relataban agresiones físicas.

En un primer momento, cuando el juez Ercolini le pidió que definiera si presentaría la denuncia, Yáñez desistió. Sin embargo, tras hacerse público el hecho, la ex primera dama formalizó la presentación judicial y se inició la investigación.

Durante la instrucción declararon familiares de Yáñez, personal médico y empleados de la Quinta de Olivos. El juez procesó a Fernández al considerar acreditadas al menos dos agresiones que provocaron lesiones en el brazo y el ojo derecho de la víctima, además de maniobras para evitar que presentara la denuncia. Esta decisión fue ratificada en abril por la Cámara Federal, que sostuvo que las agresiones se dieron en un contexto de desigualdad de poder y aislamiento, con un impacto negativo en la salud de Yáñez.