Buenos Aires reclama $12 billones a Nación ante la Corte Suprema
La Fiscalía de Estado presentará este martes una demanda formal por deudas que el Gobierno nacional mantiene con la administración bonaerense. El reclamo incluye transferencias previsionales, fondos educativos, obras públicas y programas sociales interrumpidos.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires se presentará este martes ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para reclamar una deuda de 12,1 billones de pesos que, según su informe, la administración de Javier Milei mantiene con la provincia. La presentación será realizada por la Fiscalía de Estado y busca que el máximo tribunal determine su competencia sobre el caso y convoque a una audiencia de partes, tal como ocurrió en situaciones similares con otras provincias.
Durante una conferencia en La Plata, el ministro Carlos Bianco explicó que la deuda está dividida en tres grandes apartados: obligaciones directas, obras públicas comprometidas y fondos estimados por la interrupción o demora de programas nacionales. En ese marco, detalló que la deuda directa asciende a 3 billones de pesos e incluye fondos previsionales, transferencias para educación y salud, y asistencia financiera específica. Por otro lado, los saldos pendientes en obras públicas, como viviendas del Procrear o infraestructura hospitalaria, suman 6,9 billones. A ello se agregan 2,2 billones por retrasos en programas como el FONID, Potenciar Trabajo, asistencia alimentaria y subsidios al transporte.
El documento técnico fue elaborado por el Ministerio de Gobierno bonaerense y, según se informó, los valores están actualizados a junio de 2025. La presentación judicial apunta a visibilizar lo que la administración provincial considera un desfinanciamiento deliberado de parte del Ejecutivo nacional, que estaría afectando servicios esenciales y el desarrollo de obras en el territorio bonaerense.
En la misma línea, el ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis cuestionó duramente al gobierno nacional al acusarlo de apropiarse de recursos que, afirmó, tienen destino específico en infraestructura provincial. Según el funcionario, parte de esos fondos habrían sido utilizados para generar un superávit fiscal ficticio. Las declaraciones políticas acompañaron un reclamo legal que promete escalar en los próximos meses si no se logra un acuerdo entre Nación y Provincia.
