Echaron a un candidato de La Libertad Avanza por violencia de género

Maximiliano Cobas, quinto candidato a concejal por La Libertad Avanza en la ciudad bonaerense de Lobos, fue apartado de su candidatura luego de que se viralizara un video en el que se lo ve agrediendo físicamente a su expareja en el interior de una vivienda. El hecho ocurrió el miércoles por la noche en un domicilio ubicado en Soldado Azcárate al 1100. Según la denuncia, la víctima —una mujer de 37 años y madre de dos niños— fue asistida por personal médico y policial, y actualmente se encuentra bajo medidas de protección.

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°1 de Saladillo imputó a Cobas por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y violación de domicilio, luego de constatarse que la mujer presentaba una lesión en el pómulo derecho. El video, de fuerte impacto, generó un repudio inmediato en redes sociales y medios locales. La Libertad Avanza Lobos emitió un breve comunicado en redes sociales confirmando la "renuncia voluntaria e indeclinable" del candidato, aunque evitó referirse explícitamente al episodio de violencia, lo que generó cuestionamientos por la falta de contundencia.

Trascendió que, en las horas posteriores a la difusión del video, Cobas habría intentado presionar a periodistas para evitar que el material saliera a la luz. Esta actitud, sumada al silencio inicial del espacio político al que pertenecía, provocó fuertes críticas en el ámbito local. La renuncia del candidato ocurre a poco más de un mes de las elecciones municipales del 7 de septiembre, en las que se renovarán ocho bancas del Concejo Deliberante y tres del Consejo Escolar en la ciudad.

El escándalo deja a La Libertad Avanza sin uno de sus candidatos titulares y en una situación política delicada en plena campaña. Mientras la causa judicial avanza, el caso pone nuevamente en primer plano el debate sobre la responsabilidad institucional de los partidos políticos ante hechos de violencia de género. La víctima, en tanto, continúa bajo resguardo, y la Justicia analiza medidas adicionales para su protección en el marco del proceso penal.