Argentina pidió a la Justicia de EE.UU. frenar definitivamente la entrega del 51% de YPF

El Gobierno argentino presentó un escrito ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York con el objetivo de mantener suspendida la entrega del 51% de las acciones que posee en YPF. La medida apunta a dejar sin efecto el fallo de 2023 de la jueza Loretta Preska, que ordena una indemnización de más de 16.000 millones de dólares a favor de fondos demandantes por la expropiación de la petrolera en 2012. La presentación incluye una serie de argumentos centrados en la inmunidad soberana, el respeto a la legislación argentina y la inexistencia de perjuicio para los demandantes si se mantiene la suspensión.

Entre los puntos destacados, el Gobierno afirma que las acciones están radicadas en territorio nacional y no fueron utilizadas en operaciones comerciales dentro de Estados Unidos, por lo que no pueden ser alcanzadas por la sentencia. Además, sostiene que cualquier transferencia implicaría un daño irreparable para el país, ya que supondría perder el control estatal de la principal empresa energética. También se menciona que la legislación argentina impide su venta sin aprobación legislativa, lo que imposibilita su disipación o uso indebido.

La defensa oficial fue respaldada por una presentación del Gobierno de Estados Unidos, que actuó como "amicus curiae" y alertó sobre las posibles consecuencias negativas si se ejecuta la orden judicial, incluyendo tensiones bilaterales y efectos adversos sobre YPF y sus accionistas. Frente a este respaldo, el fondo Burford Capital, principal beneficiario del juicio, criticó duramente la postura estadounidense y reiteró que la Argentina debe cumplir con el fallo.

El fallo del tribunal podría conocerse en cuestión de horas, aunque la corte no tiene plazos definidos. Si la decisión fuera desfavorable, la entrega de acciones se haría efectiva de inmediato, a menos que se determine la necesidad de garantías específicas. El Gobierno ya adelantó que, ante un escenario negativo, apelará a la Corte Suprema de Estados Unidos para evitar el cumplimiento forzado de la sentencia.

Por su parte, la Procuración del Tesoro remarcó que la ejecución del fallo afectaría al interés público argentino, comprometiendo no solo la soberanía nacional sobre una empresa estratégica, sino también la estabilidad institucional y económica. Con esta nueva etapa procesal concluida, resta ahora que los jueces norteamericanos definan si avanzarán hacia una resolución definitiva o si mantendrán en pausa el fallo mientras se analiza el fondo del caso.