Unión por la Patria buscará derogar los decretos de Milei sobre fuerzas de seguridad

Unión por la Patria anunció su intención de rechazar los decretos de necesidad y urgencia que el Gobierno nacional dictó a comienzos de julio para reestructurar a las principales fuerzas de seguridad del país. Se trata de las disposiciones que modificaron los marcos legales de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal. La bancada opositora argumenta que los decretos fueron emitidos sin habilitación expresa del Congreso y que las reformas exceden las atribuciones delegadas al Poder Ejecutivo.

La Comisión Bicameral de Fiscalización de Órganos y Actividades de Seguridad Interior fue escenario de un extenso debate entre legisladores del oficialismo y la oposición. Representantes del Ministerio de Seguridad defendieron la decisión del Ejecutivo, sosteniendo que se trata de una modernización imprescindible para enfrentar amenazas actuales, como el crimen organizado y el narcotráfico. Del lado opositor, diputados y senadores cuestionaron la legalidad del procedimiento y remarcaron la exclusión del área de Seguridad en la reciente Ley Bases.

Además del reclamo sobre el fondo de los decretos, los legisladores de UxP advirtieron sobre las dificultades para sesionar en un Congreso que permanece vallado por las propias fuerzas de seguridad. Señalan que esto dificulta la tarea legislativa y que se vulnera el principio de representación. En este contexto, el jefe del bloque opositor, Germán Martínez, denunció una interpretación errónea del artículo que habilita al Ejecutivo a emitir decretos en ciertas materias, dejando en una posición jurídica incierta a las propias fuerzas.

El principal objetivo de UxP será llevar al recinto el decreto que modificó la estructura de la Policía Federal Argentina, cuyo plazo de análisis en comisión ya venció. Según la ley vigente, al no haberse emitido un dictamen en tiempo y forma, la Cámara puede tratarlo directamente. Esto ocurrirá luego del receso legislativo de agosto. Mientras tanto, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo también deberá evaluar el resto de los decretos. La disputa por las reformas en Seguridad promete así trasladarse al Congreso, con un debate de alto voltaje político.