Por unanimidad, el Senado aprobó la declaración de emergencia por discapacidad
La norma contempla fondos para prestadores, pensiones y talleres protegidos hasta diciembre de 2027.

En una jornada legislativa marcada por la presión social y el tratamiento de una agenda paralela a la del Ejecutivo, el Senado de la Nación convirtió en ley la declaración de emergencia por discapacidad con 55 votos afirmativos y sin votos negativos. La norma, que ya contaba con media sanción de Diputados, garantiza partidas presupuestarias específicas hasta diciembre de 2027 para el pago de prestaciones, regularización de deudas con enfermeros, acompañantes y transportistas, y un refuerzo a las políticas destinadas a mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad en todo el país. La sesión contó con 17 ausencias, entre ellas figuras del oficialismo y de algunos bloques provinciales.
La nueva ley también establece la necesidad de mejorar los mecanismos de auditoría y agilizar el otorgamiento de pensiones, tras registrarse apenas 586 aprobaciones entre 500.000 solicitudes en los últimos 14 meses. Además, se solicita la actualización de los montos de estas pensiones, actualmente en $213.286,50, y el incremento de los ingresos para trabajadores con discapacidad en talleres asistidos, quienes perciben un haber de $28.000 desde febrero de 2023. Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la medida tendría un impacto fiscal de entre el 0,22% y el 0,42% del PBI.
En paralelo, el Senado también revirtió el veto presidencial a la declaración de emergencia en Bahía Blanca, sancionada originalmente en mayo por unanimidad y vetada por el presidente Javier Milei el 24 de junio. Con 51 votos afirmativos y 21 ausencias, se superó el requisito de dos tercios para volver a dar curso a la ley, que ahora deberá ser tratada nuevamente en la Cámara de Diputados. La iniciativa propone la creación de un fondo especial de $200.000 millones para otorgar subsidios, créditos y asistencia financiera destinada a la reconstrucción de estructuras públicas, viviendas y otras zonas afectadas por la tormenta que azotó a la ciudad bonaerense en marzo.
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La sanción de la ley fue acompañada por movilizaciones en distintos puntos del país, incluida la ciudad de Resistencia. En la Plaza 25 de Mayo, madres, prestadores y organizaciones del sector reclamaron la aprobación urgente de la norma y alertaron sobre el colapso del sistema de atención. "No sabemos si mi hijo va a seguir con las prestaciones", advirtió Erika, madre de un joven con discapacidad. Cecilia, del centro Casa Grande, denunció que "los pagos están por debajo del 70% y el nomenclador no se actualiza desde noviembre". Ambas coincidieron en que sin esta ley, miles de personas quedarían sin cobertura y sin respuestas del Estado.
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