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Miércoles 11 de Noviembre, 2026
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Diputados del PJ proponen pensión vitalicia de $600.000 para trans a partir de los 45 años

El proyecto prevé una pensión equivalente a dos salarios mínimos para quienes hayan sufrido discriminación por identidad de género. La propuesta busca ser una "reparación histórica", pero enciende un debate sobre equidad, privilegios y sustentabilidad.

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Las paradojas de la llamada "discriminación positiva", ampliamente debatidas en Estados Unidos, vuelven a escena, esta vez en el escenario político chaqueño. En un contexto de sábana corta a nivel nacional y, especialmente en la provincia, la propuesta de otorgar una pensión vitalicia a personas trans mayores de 45 años equivalente a dos salarios mínimos, que al presente mes equivaldría a $635.600 —casi el doble de una jubilación mínima, contando el bono—, desata fuertes cuestionamientos y dudas.


El proyecto fue impulsado esta semana por legisladores de bloques justicialista y establece que el beneficio, equivalente a dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles, se otorgue a personas travestis, transexuales y transgénero que hayan sido víctimas de violencia institucional o discriminación por motivos de identidad de género. Para acceder, deberán acreditar domicilio en la provincia, ciudadanía argentina y situaciones de persecución vinculadas especialmente al accionar de las fuerzas de seguridad.

El texto también contempla un plan integral de políticas públicas en salud, educación, vivienda y empleo, junto a campañas de concientización. Sin embargo, la discusión central gira en torno a la pensión. Mientras que para sus autores —entre ellos Juan Carlos Ayala, Teresa Cubells, Andrea Charole, Rodrigo Ocampo, Nicolás Slimel, Rodolfo Schwartz y Mariela Quirós— se trata de un acto de justicia, para muchos otros representa una distorsión que, lejos de aliviar tensiones sociales, podría incrementarlas.


Por ahora, el proyecto no tiene fecha de tratamiento en la Legislatura. Pero su sola presentación ya puso sobre la mesa un debate incómodo: cómo reparar sin excluir, cómo reconocer sin romper el delicado equilibrio de derechos y deberes que debe regir para todos los ciudadanos.

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