Continúa la polémica por el decreto de Valdés: "No es ni legal ni legítimo lo que hizo el gobernador"
El constitucionalista Armando Aquino Britos cuestionó duramente el decreto de Valdés que modifica las reglas electorales en Corrientes a días del cierre de alianzas.

El decreto firmado por el gobernador Gustavo Valdés que limita la posibilidad de conformar alianzas municipales distintas de las provinciales en las elecciones del 31 de agosto sigue generando polémica. En este contexto, el abogado constitucionalista Armando Aquino Britos se sumó a las voces críticas y calificó la medida como "inconstitucional" e "ilegítima".
"El gobernador ha alterado las reglas del juego y se ha arrogado facultades que no le corresponden. No es ni legal ni legítimo lo que hizo", expresó Aquino Britos en diálogo con Radio Nordeste. Según explicó, el régimen electoral está regulado por la Constitución provincial y por ley, por lo que cualquier modificación debe pasar por el Poder Legislativo. "El artículo 118 y otros mandatos constitucionales son claros: el gobernador no puede cambiar las reglas por decreto", remarcó.
Desde el arco opositor ya se presentaron impugnaciones ante la Justicia Electoral para frenar la aplicación del Decreto N°1260. Aquino Britos consideró que el planteo tiene fundamentos sólidos: "No solo carece de atribuciones para modificar una ley electoral, sino que además lo hace en un momento absolutamente inoportuno, con el proceso electoral en marcha".
El especialista también señaló que el decreto se basa en argumentos similares a un intento anterior del expresidente Mauricio Macri en 2019, pero sin tener en cuenta que Corrientes no cuenta con elecciones primarias obligatorias. "La comparación no aplica, y trasladar esa lógica al sistema correntino resulta impracticable. La falta de razonabilidad en este caso es patética", afirmó.
Por último, Aquino Britos recordó que el mismo gobernador utilizó alianzas locales diferenciadas en elecciones anteriores para fortalecerse territorialmente. "Ahora pretende lo contrario, acomodando la ley según le convenga al oficialismo. Es una práctica peligrosa para cualquier democracia", concluyó. Mientras tanto, la jueza electoral deberá resolver el futuro del controvertido decreto en los próximos días.
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