Demanda multimillonaria contra el Estado por despidos arbitrarios: Caputo y Adorni en la mira

Un grupo de trabajadores públicos despedidos de forma abrupta y sin notificación formal inició una demanda judicial sin precedentes. El estudio Cubilla Podestá & Asociados, con sede en Corrientes, presentó ante la Corte Suprema una acción contencioso-administrativa que busca declarar la nulidad de los despidos ejecutados en el Ministerio de Economía, así como obtener una reparación económica por los daños ocasionados. La demanda se centra en el caso de más de 20 trabajadores del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), muchos con décadas de servicio y sin estabilidad laboral.

Uno de los ejes centrales del reclamo son las declaraciones del vocero presidencial Manuel Adorni, quien en marzo de 2024 anunció el cierre del INAFCI y calificó públicamente a sus empleados como "militantes pagos". Según el escrito judicial, estas expresiones no solo constituyeron un acto de desprestigio institucional, sino que también operaron como una forma informal y mediática de desvinculación, sin respaldo administrativo. Los trabajadores aseguran haber sido bloqueados de sus accesos oficiales sin resolución formal, lo que, para sus abogados, configura una práctica de extrema informalidad y vulneración de derechos fundamentales.

Además del rol de Adorni, el reclamo apunta al Ministerio que encabeza Luis Caputo, al que acusan de actuar con omisiones deliberadas y maniobras encubiertas para eludir procedimientos legales. Muchos de los trabajadores afectados fueron contratados en condiciones precarias desde los años noventa, cumpliendo funciones técnicas esenciales en territorios rurales. La demanda subraya que el accionar estatal no solo fue arbitrario, sino que también estuvo marcado por una fuerte carga simbólica de desprecio hacia la función pública y la trayectoria profesional de los afectados.

El estudio jurídico sostiene que se trata de un caso con impacto nacional, dado que los trabajadores despedidos provienen de al menos siete provincias y que, por su magnitud, podría derivar en una demanda colectiva que involucraría a más de 900 empleados del INAFCI. En este sentido, la Corte Suprema aparece como el único ámbito con capacidad técnica y jurídica para resolver un conflicto que trasciende lo administrativo y plantea una disputa de fondo sobre los límites de la legitimidad en la gestión estatal del empleo público.