La Casa Rosada reunió a gobernadores para sellar adhesiones al nuevo régimen fiscal

El Gobierno nacional convocó a varios gobernadores para firmar la adhesión al nuevo régimen de información fiscal que entrará en vigencia a partir del 1° de junio. Entre los mandatarios citados por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se encuentran los de Entre Ríos, Chubut, San Luis, Jujuy y Mendoza. La intención es avanzar con el respaldo político de distintas jurisdicciones para robustecer la implementación de un esquema que busca agilizar el control tributario a través de herramientas digitales.

La adhesión de algunas provincias ya fue formalizada días atrás con la participación del ministro de Economía, Luis Caputo, y del titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, Juan Pazo. En paralelo, otras jurisdicciones resolverán su incorporación mediante canales virtuales. La estrategia oficial prevé aplicar sanciones a las provincias y bancos que no acompañen la medida, entre ellas, la negativa al acceso a datos fiscales y la imposición de multas.

El nuevo régimen prevé límites de hasta 50 millones de pesos para transferencias personales, 10 millones para extracciones y compras informales sin necesidad de documentación, y hasta 100 millones para inversiones en plazos fijos y sociedades de bolsa. Además, el Ejecutivo busca sumar el respaldo de los gobernadores al proyecto de reforma tributaria que será enviado al Congreso en los próximos días. La propuesta incluye una modificación sustancial a la Ley Penal Tributaria, como el aumento del monto mínimo que configura delito de evasión, que pasaría de 1,5 a 100 millones de pesos.

Pese a estos avances, en la Casa Rosada dan por hecho que algunos mandatarios, como los de Buenos Aires, La Pampa, Formosa, Tierra del Fuego, La Rioja y Santa Fe, no se sumarán a la iniciativa. No obstante, el oficialismo insistirá con nuevas convocatorias a otros gobernadores, en un intento por consolidar consensos tanto en el plano fiscal como parlamentario. Por ahora, el paquete de reformas evita tocar leyes sensibles como la Penal Cambiaria o las normas antilavado, aunque se anticipa que podrían ser revisadas en una etapa posterior.