Zdero anticipó que Chaco podría adherir al "Plan Colchón"

El Gobierno del Chaco anticipó su posible adhesión al Plan Colchón, el nuevo esquema impulsado por la Nación que busca incorporar al circuito económico los denominados "dólares del colchón". Alejandro Abraam, ministro de Hacienda y Finanzas provincial, aseguró que la intención es avanzar en la firma del convenio "la próxima semana", una vez que se afinen algunos aspectos técnicos y se promulgue la ley correspondiente.

"Nos pidieron la adhesión a estas propuestas que buscan movilizar los dólares no declarados y llevarlos al mercado y al consumo", explicó Abraam, quien participó de las recientes reuniones organizadas por el Gobierno nacional junto a otras 15 provincias. Según detalló, el régimen contempla la flexibilización de controles por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la implementación de un régimen simplificado del impuesto a las Ganancias y un marco normativo que brinde seguridad jurídica a los contribuyentes que deseen regularizar su situación.

Abraam: "Sería bienvenido que esos dólares se vuelquen a la actividad económica"

El funcionario remarcó que aún se encuentran revisando detalles vinculados al cruce de datos entre la provincia y el organismo nacional. "Es necesario revisar los convenios de información que tenemos con ARCA", indicó, y agregó que el nuevo esquema "podría representar una oportunidad para fomentar la actividad económica regional". También afirmó que, siempre que los contribuyentes cumplan con una declaración jurada de Ganancias, no deberían enfrentar obstáculos.

En tanto, mientras algunas provincias ya expresaron su apoyo o evalúan sumarse, otras optaron por desmarcarse. Desde Casa Rosada se confirmó que no se invitó a Buenos Aires, La Rioja, La Pampa, Tierra del Fuego y Formosa, por haber manifestado su rechazo previo. En forma informal, algunos funcionarios los identificaron como "los cinco del mal". Santa Fe adoptó una posición intermedia, dispuesta a colaborar con la iniciativa sin dejar de señalar la necesidad de fortalecer los controles contra el lavado de dinero. La Ciudad de Buenos Aires, por su parte, mantiene cautela y aún no definió su postura.