El Gobierno limitó el derecho a huelga mediante un DNU

El Gobierno nacional publicó hoy en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025, mediante el cual introdujo nuevas restricciones al ejercicio del derecho de huelga. El artículo 3 de la norma establece que los conflictos colectivos que pudieran afectar la prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental estarán sujetos a garantías mínimas de funcionamiento, que deberán mantenerse incluso en caso de paro. En ese sentido, se fija que en los servicios esenciales no podrá negociarse una cobertura menor al 75% de la prestación normal, y en las actividades de importancia trascendental no podrá ser inferior al 50%.

La medida amplía significativamente el listado de actividades consideradas esenciales, que hasta ahora incluía a sectores como la salud pública, el suministro de agua potable, energía eléctrica y telefonía. Con el nuevo decreto, se agregan actividades como el transporte y distribución de medicamentos, los servicios farmacéuticos, las telecomunicaciones (incluyendo internet), la aeronáutica comercial, los controles de tráfico aéreo y portuario, los servicios aduaneros y migratorios, así como la educación en todos sus niveles, desde guarderías hasta secundaria.

También se incorporan al régimen especial actividades como el transporte marítimo y fluvial de personas y mercaderías, los servicios vinculados al comercio exterior, y las operaciones costa afuera. Además, el decreto crea una nueva categoría denominada "actividades de importancia trascendental", a las que también se les impone un piso mínimo de funcionamiento durante medidas de fuerza. Esto genera un escenario en el que una amplia gama de sectores podría ser alcanzada por la nueva regulación, limitando de manera significativa el impacto de las huelgas.

El DNU ha generado preocupación en el ámbito del derecho laboral. Especialistas advierten que la amplitud de las definiciones podría permitir que casi cualquier actividad sea incluida dentro de las restricciones, desdibujando el principio de excepcionalidad que regía hasta el momento. La normativa será seguramente objeto de análisis judicial, ya que introduce modificaciones en un área sensible de la legislación laboral y podría entrar en colisión con normas constitucionales y compromisos internacionales asumidos por el país.