El Comité contra la Tortura cuestionó la implementación de la ley que restringe celulares en cárceles

El Comité de Prevención contra la Tortura expresó fuertes críticas a la implementación de la Ley 4033J, que restringe el uso de teléfonos celulares en cárceles chaqueñas, tras el reciente fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que resolvió parcialmente un habeas corpus correctivo y colectivo presentado junto al Ministerio Público de la Defensa.

Darío Gómez, representante del Comité, aclaró que la resolución del STJ "no es una ratificación plena" de la medida adoptada por el Poder Ejecutivo provincial. "Hay una confusión", indicó en diálogo con N9, y explicó que el fallo, si bien reconoce el espíritu de la ley, también señala "irregularidades, contradicciones y violaciones a normas internacionales".

"El fallo del Superior Tribunal hace lugar de manera parcial al habeas corpus. En parte, ratifica la intención de la ley, pero también deja en claro que no se está cumpliendo. Expresa que no se garantiza el derecho a la comunicación de las personas privadas de libertad, y que el Gobierno está violando principios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la OEA", aseguró Gómez.

En ese sentido, el Comité consideró que el camino más razonable sería reformular completamente la legislación. "Nos está invitando a rehacer el marco normativo. Cuando algo está mal hecho, es muy difícil corregirlo. Lo mejor sería modificar la ley o directamente hacer una nueva", señaló.

El principal cuestionamiento se vincula a las condiciones reales de comunicación que hoy enfrentan las personas detenidas. Según Gómez, solo una unidad penitenciaria de la provincia tiene teléfonos fijos instalados. En el resto de los establecimientos, se utiliza un sistema precario: "Funcionan con celulares sueltos, conocidos como ‘wines’, que se prestan por pabellones. El tiempo de uso es muy escaso y no se permite el acceso a internet".

Esta limitación, según el Comité, afecta derechos fundamentales: "El fallo dice claramente que hay que garantizar el acceso a internet, no solo para estudiar, sino también para recreación y para mantener el contacto visual con seres queridos". Gómez advirtió que, por la falta de medios adecuados, las comunicaciones no suelen superar los 10 minutos y muchas veces no se concretan por incompatibilidades horarias con las familias, lo que termina "rompiendo el vínculo entre padres e hijos".

Además, la restricción también impacta en los programas de reinserción. "Las personas que estudiaban o trabajaban en contextos de encierro ya no pueden difundir ni comercializar sus productos por redes, ni recibir pagos por billeteras virtuales, porque no tienen acceso a internet", indicó.

Finalmente, Gómez señaló que "más allá de los discursos, la realidad cotidiana es muy diferente" y subrayó que el fallo judicial, tras tres audiencias con todas las partes, "ordena al Estado cumplir con la consigna de garantizar el derecho a la comunicación".