Desbarataron un call center de estafas que funcionaba en una cárcel bonaerense

Tres presos que operaban desde la Unidad Penal N°35 de Magdalena fueron detenidos tras montar un "call center" de estafas telefónicas que llegó a victimizar a jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de San Isidro. La investigación, a cargo del fiscal Patricio Ferrari de la UFI de Ciberdelitos Zona Norte, reveló que los internos realizaban hasta 30 llamadas diarias entre las 9 y las 17:30, utilizando tres modalidades distintas: se hacían pasar por empleados de Andreani, técnicos de Movistar o personal de soporte de WhatsApp. El objetivo siempre era el mismo: obtener códigos de verificación para apoderarse de las cuentas y luego pedir dinero a los contactos de las víctimas.

El caso salió a la luz el 19 de febrero, cuando el juez Luis Cayetano Cayuela denunció que le habían robado el control de su WhatsApp tras recibir un llamado por una supuesta encomienda. "Páseme el código, quédese tranquilo", era una de las frases que usaban los delincuentes para generar confianza. Días después intentaron repetir la maniobra con su colega Juan Eduardo Stepaniuc, pero el primer magistrado estaba cerca, lo advirtió y cortó la comunicación a tiempo. El análisis técnico de las líneas telefónicas confirmó que todas las comunicaciones salían desde una antena próxima al penal, lo que según el expediente constituye "una modalidad coincidente con las estafas telefónicas cometidas desde distintas unidades penitenciarias de la provincia".

El allanamiento en el pabellón 7, celda 3, terminó con el secuestro de seis teléfonos celulares, tres cargadores y tarjetas SIM. Fueron detenidos Gabriel Nicolás Giménez, identificado como líder de la organización, junto a Juan Manuel Acuña y Facundo Ponce. Giménez, de 26 años, ya cumple condenas que suman casi 14 años de prisión por robos agravados con armas de fuego. Los tres quedaron imputados por estafa en grado de tentativa, acceso indebido a sistemas informáticos y uso indebido de datos. Las imágenes difundidas muestran antenas satelitales instaladas dentro del establecimiento penitenciario, una postal que reaviva el debate sobre la permisividad con los dispositivos móviles en las cárceles argentinas.

El caso de Magdalena no es aislado: desde ese mismo penal se habrían realizado los llamados extorsivos al soldado Rodrigo Gómez, quien se quitó la vida mientras cumplía servicio en la Quinta de Olivos. También se detectaron estafas vinculadas al alquiler falso de departamentos en la Costa Atlántica. El fiscal Ferrari remarcó que el expediente pone en evidencia "una organización delictiva con un alto grado de planificación que estaría funcionando desde el interior del Servicio Penitenciario Bonaerense".

En el Chaco, la política es otra. Durante el último Consejo de Seguridad Interior, el ministro Hugo Matkovich ratificó la restricción del uso de teléfonos celulares en las cárceles provinciales, una medida impulsada en la gestión Zdero. Los dispositivos solo pueden utilizarse con fines educativos o para comunicación con la defensa legal, bajo controles permanentes. "Es una lucha que vamos a sostener para evitar que se cometan delitos desde el interior de las cárceles", sostuvo el funcionario.