Aerolíneas Argentinas dejará de recibir fondos del Estado por primera vez desde 2008

Aerolíneas Argentinas anunció que no requerirá aportes del Tesoro Nacional durante todo el año 2025, algo que no ocurría desde su reestatización en 2008. La novedad fue comunicada al Ministerio de Economía como parte del balance preliminar del ejercicio actual, y marca un quiebre en la histórica dependencia de fondos públicos que acumuló más de u$s8.000 millones en transferencias en los últimos 16 años. El giro se explica por un ajuste profundo en la estructura operativa de la empresa, que implicó una fuerte reducción de costos y una redefinición de su estrategia comercial.

Durante 2024, bajo la gestión de Fabián Lombardo, la compañía alcanzó un superávit operativo de u$s20,2 millones y un resultado económico positivo equivalente a más de u$s150 millones. Estos números, auditados por la consultora KPMG, se lograron tras recortar el 15% de la plantilla (unos 1.600 empleados), eliminar cargos jerárquicos y cerrar la mayoría de las sucursales comerciales del país. Las decisiones, si bien eficientizaron las cuentas, también generaron un impacto sensible en términos laborales y de presencia territorial, con apenas tres oficinas en funcionamiento actualmente.

Además, se cancelaron rutas que se consideraban deficitarias y se consolidó un modelo de conectividad más rentable, respaldado por acuerdos estratégicos con compañías extranjeras como Iberia y LATAM. Este rediseño del negocio llevó a la empresa a alcanzar el promedio más bajo de empleados por avión en su historia. El recorte de estructura y la digitalización del proceso comercial se combinaron con un contexto de recuperación del sector aéreo que favoreció la mejora de resultados.

En paralelo, la autosustentabilidad financiera de Aerolíneas es presentada por el Gobierno de Javier Milei como un ejemplo de gestión "eficiente" que allana el camino hacia su privatización, uno de los objetivos declarados por la actual administración. Aunque no se ha oficializado ningún cronograma, la mejora de los números parece dar argumentos al Ejecutivo para avanzar con la enajenación de activos estatales. Sin embargo, los resultados también abren interrogantes sobre el costo social de este tipo de "éxitos", en una etapa marcada por una fuerte contracción del empleo y la presencia del Estado.