Más de $815 millones del IAFEP terminaron en fundaciones y cooperativas fantasmas
Una red de cooperativas y fundaciones fantasmas habría servido para lavar dinero y evadir impuestos en una operación millonaria entre el año 2022 y 2023.

La Justicia Federal reveló una compleja maniobra de desvío de fondos públicos en el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), que involucra la transferencia de más de 815 millones de pesos a fundaciones y cooperativas sin actividad comprobable. La investigación, impulsada por el fiscal Patricio Sabadini en el marco de la causa "Brilla", detectó que durante 2022 y 2023 se emitieron facturas millonarias en períodos muy breves, sin evidencias de contraprestaciones reales.
Entre las entidades señaladas se encuentran las fundaciones Brilla Mujer, Abriendo Puertas y Solidaridad es una Elección de Vida, las cuales concentraron buena parte de los fondos. Junto a ellas, cooperativas como La Solidaridad es Mi Mundo y Siempre Brillando también recibieron sumas significativas, pese a carecer de operaciones visibles. En total, se identificaron dieciocho entidades receptoras que habrían servido de vehículo para canalizar el dinero.
El expediente sostiene que detrás de esta estructura operaba una asociación ilícita que utilizaba facturas falsas para generar créditos fiscales inexistentes, facilitando la evasión de impuestos y el posterior lavado de activos. Este mecanismo permitió blanquear sumas millonarias, afectando gravemente los recursos del Estado y violando normas fiscales y penales.
La investigación señala como principales responsables a Walter Pasko y Fernando Ayala, quienes ya fueron detenidos y procesados por liderar la organización. A ellos se suman otros imputados que, según la causa, cumplían diversos roles dentro del esquema delictivo, contribuyendo a montar una fachada de legalidad para encubrir los movimientos financieros.
La acusación formal comprende los delitos de asociación ilícita fiscal, en virtud de la Ley 27.430, y lavado de activos, con agravantes por la jefatura y organización de las actividades ilícitas. Mientras avanzan las medidas judiciales, el caso sacude a la administración pública provincial y pone bajo la lupa la utilización de fondos destinados originalmente a la economía popular.
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