La justicia otorgó a Pasko la domiciliaria por "razones humanitarias"
El hijo menor de Pasko padece una discapacidad severa y, según informes, su salud emocional se vio afectada tras la detención del padre. El beneficio fue otorgado pese a la oposición de la fiscalía y las querellas, que cuestionaron el riesgo de fuga y entorpecimiento.

El juez federal de Resistencia otorgó el arresto domiciliario a Walter Antonio Pasko, imputado en la causa conocida como "La Rosadita chaqueña" vinculada al IAFEP, tras considerar fundadas razones humanitarias y la necesidad de garantizar el interés superior del niño. La resolución se basó en informes médicos, psicológicos y sociales que detallan la situación de vulnerabilidad del hijo de seis años del acusado, quien padece encefalopatía y requiere atención permanente.
Pese a que tanto el Ministerio Público Fiscal como las querellas y la UIF se opusieron a la medida, argumentando riesgo de fuga y entorpecimiento del proceso, el magistrado ponderó que no existe actualmente una red de apoyo suficiente para que la madre del niño —también imputada— pueda afrontar en soledad su cuidado, en un contexto rural y con limitaciones estructurales. Se hizo énfasis en que la ausencia del progenitor tuvo un impacto negativo concreto en el estado emocional del menor.
El fallo destacó la importancia de aplicar una perspectiva de género y niñez, subrayando que la decisión no contradice la necesidad de avanzar con el proceso penal, pero sí busca evitar un daño irreparable en un niño en situación de vulnerabilidad. Se estableció que la prisión domiciliaria se cumplirá con tobillera electrónica, prohibición de salida del domicilio y otras restricciones impuestas bajo control judicial y de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP).
La resolución dejó en claro que se trata de un caso excepcional, motivado por la combinación de factores de gravedad como la discapacidad del niño, la ausencia de redes familiares, la situación de desempleo de la madre y los efectos emocionales negativos verificados. El incumplimiento de las condiciones impuestas implicaría la revocación inmediata del beneficio y el traslado del imputado a una unidad penitenciaria federal.
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