El martes 2 de mayo tendrá lugar la convocatoria para un “pacto social”, que buscará solucionar la problemática en la ciudad de Resistencia. La reunión se da en el marco de las numerosas presentaciones judiciales impulsadas por el municipio contra un total de 112 movimientos sociales, cooperativas y fundaciones a raíz de los reiterados y constantes cortes de tránsito que se viven a diario en la capital chaqueña.
“En respeto a los estándares internacionales que impone la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, se convoca a esta reunión, porque no se trata simplemente de criminalizar o no criminalizar la protesta, o si es delito o no. Aquí subyacen otras cuestiones que tienen que ver con necesidades básicas insatisfechas y reclamos de trabajadores”, manifestó Marcela Cortes, jueza de Faltas e impulsora de la resolución que llama a esta mesa de diálogo.
A la reunión que tendrá lugar el 2 de mayo asistirán, en principio, distintos estamentos del estado provincial y municipal, que también han sostenido visiones contrapuestas respecto a la problemática del piquete. Los movimientos sociales, cooperativas y demás asociaciones denunciadas estarán representados por organismos oficiales como los de DDHH o el Ministerio Público de la Defensoría. Por cuestiones de practicidad, señala la jueza, no se previó la participación de todas las organizaciones en este primer encuentro. Aunque se espera que esta convocatoria incluya a futuro una serie de reuniones para arribar a un acuerdo con el mayor consenso posible.
El diálogo como método para arribar a una solución, considera Cortes, surge a raíz de la necesidad de compatibilizar los derechos de todas las partes, garantizando tanto el derecho a la circulación como el derecho de protesta, ya que, según sostiene la magistrada: “no podemos acallar a un grupo que quiere peticionar porque vivimos en un estado de derecho”.
También puntualiza en que los cortes de calles no sólo son protagonizados por movimientos sociales, sino también por sindicatos o incluso grupos de vecinos que se reúnen espontáneamente para reclamar por distintos problemas.
Por ello, desde el Juzgado de Faltas sostienen que “la cuestión trasciende a si es una falta o un delito”, y es necesario buscar la manera de que el reclamo no afecte al derecho a circular, o al derecho a la educación, cuando se producen ruidos con estruendo cerca de establecimientos educativos, alterando así su normal funcionamiento.
Para ello, la jueza sugiere la facilitación de medios, espacios, herramientas, tiempos, lugares y formas para la realización de protestas en entornos que no generen complicaciones a otros ciudadanos.
La propuesta no parece sin embargo entusiasmar ni a los ejecutivos municipales ni provinciales, ni a los movimientos sociales. No obstante, Cortes insiste en la imperiosa necesidad de un acuerdo social, en virtud de considerar dos hechos fácticos: “la sociedad está cansada, y la Provincia del Chaco es la más pobre del país”.
De todas formas, quedará por ver cómo se desarrollan estas mesas de diálogo y si pueden finalmente aportar una solución a una problemática enquistada en la provincia desde hace largo tiempo. Aunque viendo el panorama económico y social que se avizora para este año electoral, encontrar una salida pactada va a significar un importante desafío.
