Así lo dispuso el juez federal de Rawson tras la presentación presentada por el gobernador Ignacio Torres.
En el día de ayer miércoles, el juez federal de Rawson, Hugo Sastre, dispuso hacer lugar a la medida presentada y dispuso que el Gobierno se abstenga de dictar y/o ejecutar cualquier acto que persiga la eliminación y/o reducción del Fondo Compensador del Interior con significación en el transporte urbano y suburbano de pasajeros en jurisdicción de la provincia patagónica.
En sus fundamentos, el juez se refiere a la decisión de Nación de disminuir el subsidio a las empresas prestatarias de Jurisdicción Nacional, para concentrar la ayuda a los usuarios que más lo necesitan de forma directa, canalizando dicha asistencia a través de SUBE. “Resulta a las claras, que sin la asistencia del Estado Nacional a través del fondo compensador del transporte del interior el sistema de trasporte de pasajeros no resulta sustentable, puesto que su funcionamiento se encuentra hace años supeditada a las partidas presupuestarias remitidas por el Gobierno Nacional”, considera Sastre.
Además, agrega, “no se condice con la situación existente por la que atravesaría el sector empresarial de dicho rubro y la Argentina en general, producto entre otros, de los elevadísimos costos a sufragar a los fines de poder sustentar la industria del trasporte, y que de acuerdo a la políticas económicas desarrolladas en la República Argentina, habría desencadenado en elevados índices de inflación y la brecha de divisas extranjeras, principalmente con la moneda extranjera dólar, respecto de la moneda nacional, entre otras; todas ellas variables que ni la accionante ni las empresas del sector dedicadas al transporte y beneficiarias del fondo de compensación, tendrían en su órbita capacidad de injerencia, intervención, ajuste o manipulación alguna”.
El juez considera que “la situación económica redundaría en un escenario complejo de excesivos costos a solventar”.
“Por ello, entiendo que la decisión del Gobierno Nacional ha sido inconveniente e intempestiva, provocando desequilibrio de las cuentas provinciales; una crisis empresarial en el sector afectado, y el perjuicio a los usuarios del sistema de trasporte público de pasajeros, que no podrían quedar a merced de una decisión de tamaña envergadura”, indica el doctor.
