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Miércoles 11 de Noviembre, 2026
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La justicia dictó una cautelar para frenar el bullying contra una adolescente en Paso de la Patria

Un juez ordenó clases virtuales y la prohibición de contacto entre los presuntos agresores y la víctima, de 17 años. El acoso también se extendía a las redes sociales.

Paso de la Patria

El Juzgado Civil, Comercial, Laboral, Familia, Niñez, Adolescencia y de Paz de Paso de la Patria dictó una medida cautelar para resguardar a una adolescente que denunció ser víctima de acoso escolar por parte de varios compañeros. La intervención judicial se dio luego de analizar pruebas que incluían capturas de pantalla y audios, y concluyó que existía una situación de hostigamiento reiterado que requería una respuesta inmediata.


La resolución fue firmada por el juez Hugo Alejandro Sánchez Martínez, quien sostuvo que el material probatorio, aunque limitado, resultaba suficiente para inferir una dinámica de agresiones sistemáticas, tanto dentro como fuera del colegio. Ante este panorama, dispuso el cese de las conductas agresivas y la protección de la integridad psicofísica de la joven.


Entre las medidas adoptadas se ordenó que tres de los adolescentes señalados continúen con clases virtuales durante un período de 90 días. Además, se estableció la prohibición de cualquier tipo de contacto con la víctima, incluyendo interacciones presenciales y comunicaciones por redes sociales o servicios de mensajería, en un intento de frenar el acoso también en el ámbito digital.


El magistrado hizo hincapié en que las conductas no se limitaban al entorno escolar, sino que se habían trasladado al plano virtual, lo que agrava la situación y configura una forma de ciberbullying. Aclaró que el bullying no se reduce a un conflicto puntual, sino que implica una repetición sistemática y una relación de poder desigual, que puede derivar en graves consecuencias para la persona agredida.


La medida fue comunicada a las autoridades del establecimiento educativo, así como a los adolescentes involucrados y sus tutores. Se advirtió que el incumplimiento de la orden judicial podría constituir un delito, y se dejó abierta la posibilidad de revisar o ampliar la cautelar si surgieran nuevos hechos que lo justifiquen.

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