El Comité Contra la Tortura presentó un hábeas corpus contra la prohibición de celulares en las cárceles

El Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco y la Defensoría General Adjunta presentaron un hábeas corpus colectivo ante el Superior Tribunal de Justicia con el objetivo de frenar la restricción del uso de celulares e internet en centros de detención de la provincia.

La normativa en cuestión es la ley 4033-J, recientemente sancionada, la cual prohíbe el uso de dispositivos móviles en unidades penitenciarias y comisarías. Según el Comité, esta medida es "regresiva" y "vulnera derechos esenciales como la comunicación con familiares, el acceso a la educación y la posibilidad de resocialización".

"Si nos hubiesen escuchado en el debate del proyecto de ley, esta situación de judicialización se podría haber evitado", señaló Darío Gómez, representante del Comité para la Prevención de la Tortura, en diálogo con la prensa. Además, indicó que el Superior Tribunal de Justicia ya notificó al Poder Ejecutivo provincial, que tiene 24 horas para presentar información sobre la cuestión.

Denuncias y percepción social

Uno de los principales argumentos en favor de la prohibición es la relación entre la telefonía celular en cárceles y la comisión de delitos, especialmente estafas virtuales. Sin embargo, Gómez sostiene que no existen pruebas concretas en el Chaco que respalden esta idea. "El último informe del Ministerio de Seguridad, de hace dos o tres años, menciona 30 denuncias sin confirmación de que hayan ocurrido delitos desde contextos de encierro", afirmó.

A pesar de esto, el dirigente reconoció que la medida cuenta con respaldo social. "La sociedad avala este tipo de decisiones porque consume un discurso que estigmatiza a las personas privadas de libertad", aseguró, y agregó que en el Chaco se ha logrado un buen trabajo en conjunto entre el gobierno, el servicio penitenciario y la policía para garantizar la conducta ejemplar de los detenidos.

El debate judicial y político

El Comité también planteó la inconstitucionalidad de la ley y la necesidad de su revisión en el ámbito judicial. "La medida está vinculada con un contexto político electoral, en el que se busca endurecer el discurso punitivo", afirmó Gómez.

Desde el gobierno provincial, la justificación de la prohibición se centra en la necesidad de mayor control y seguridad en las unidades penitenciarias. Sin embargo, la resolución final quedará en manos de la Justicia, que deberá evaluar si la restricción es compatible con la Constitución y las leyes nacionales.