"Idiota", "retardado", "imbécil": los términos discriminatorios que figuran en una resolución oficial sobre las personas con discapacidad

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) quedó en el centro de la polémica tras la publicación de la Resolución 187/2025, que establece un nuevo baremo para evaluar el acceso a pensiones no contributivas. En su anexo, se incluyen términos como "idiota", "imbécil" y "retardado" para clasificar distintos niveles de discapacidad intelectual, lo que generó fuertes críticas de organizaciones del sector y referentes de derechos humanos.  

El documento se enmarca en la política de auditorías impulsada por el Gobierno para revisar y reducir el número de pensiones por discapacidad. En este contexto, la utilización de expresiones consideradas discriminatorias y en desuso desde hace décadas avivó el malestar. "Atenta contra décadas de avances en la construcción de una sociedad más equitativa y libre de discriminación", expresó en un comunicado la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA).  

El lenguaje utilizado en la resolución remite a clasificaciones diagnósticas del siglo pasado, descartadas por la comunidad científica y organismos internacionales de derechos humanos. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, a la que Argentina adhirió en 2008, promueve un enfoque basado en la inclusión y la dignidad, alejándose de términos que perpetúan la estigmatización.  

Distintas entidades, entre ellas la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), presentaron un reclamo administrativo ante la ANDIS exigiendo la eliminación de la norma. Advirtieron que, de no obtener respuesta, recurrirán a instancias judiciales para impugnar su validez.  

La normativa también ha sido cuestionada por su trasfondo político. Desde el año pasado, el Gobierno viene endureciendo los requisitos para acceder a pensiones, reinstaurando criterios vigentes en los años ‘90 que fueron modificados tras la ratificación de tratados internacionales. La Resolución 187/2025, además de su contenido discriminatorio, se inscribe en esta estrategia de ajuste.  

El director de la ANDIS, Diego Spagnuolo, aún no se ha pronunciado públicamente sobre la controversia. Sin embargo, su designación en el organismo ya había generado críticas, dado que no cuenta con antecedentes en el área de discapacidad y llegó al cargo por su cercanía con el presidente Javier Milei. Mientras tanto, las organizaciones continúan con las gestiones para que la resolución sea revisada y modificada.